Especialistas en derecho constitucional y derechos humanos rechazaron la utilización del Poder Judicial como instrumento político, lo cual se pone de manifiesto en casos como los de la detención arbitraria del abogado José Amalio Graterol y las sentencias que revocan a las autoridades de los partidos Podemos y Patria Para Todos.
«No me cabe la menor duda de que aquí hubo un uso del TSJ para favorecer al Presidente de la República, quien finalmente es quien sale favorecido con las decisiones», manifestó el ex magistrado de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo de Caracas, Juan Carlos Apitz.
«Causa mucha suspicacia que ambos partidos que quedaron afectados por las deciciones habían expresado públicamente su disposición a no apoyar la candidatura del presidente Hugo Chávez», agregó.
De la manera Apitz calificó de irregular el «interés» por mantener al abogado de la jueza Afiuni preso, «como para escarmentarlo» después de haber ofrecido declaraciones públicas que perjudican la imágen del Poder Judicial.
En su opinión se trató de un «ejercicio desmedido y arbitrario de poder», lo cual lo lleva a la conclusión: «Se sigue utilizando el Poder Judicial como un mecanismo de control político y control social. Es decir, todo aquel que manifieste no participar de las ideas y el proyecto político y gubernamental, lo meten preso con cualquier excusa», alertó el ex magistrado.
El «acelerador»
Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, interpretó las últimas actuaciones o medidas judiciales que han tenido trascendencia pública, como una muestra de la intención de aplicar «un acelerador» al ejercicio del poder político.
«Inmediatamente después de que el partido de gobierno perdió la mayoría aboluta en el Parlamento lo que hizo fue hundir el acelerador, a tal punto de que llegaron a recomponer el Tribunal Supremo antes de que esto ocurriera. Lo mismo vemos ahora, cuando hay un conveniente vacío en puestos claves como los de los magistrados jubilados del TSJ y la Contraloría General de la República, cuyo titular no ha sido reemplazado aún», explicó la profesora universitaria.
«Efecto Graterol»
Por otro lado, al referirse al caso de José Amalio Graterol, Bolívar afirmó que «existe una serie de condiciones que permiten afirmar definitivamente que se trata de una detención arbitraria. Su proceso penal es ilegal pues lo que correspondería en caso de tener un comportamiento inadecuado en la sede de un tribunal es un procedimiento disciplinario, no penal», indicó.
Adicionalmente, el hecho que de que sea aprehendido un día después de la transmición del programa de televisión en el que reiteró sus denuncias contra el Poder Judicial, denota que existe una relación entre ambos hechos.
«No solamente paraciera confirmar mismas denuncias, es que se lo advirtieron abiertamente al llegar al tribunal. No hay ninguna duda de que existe una relación entre A y B», dijo.
Esto se traduce, advirtió la académica, en una profundización del «miedo» al ejercicio del derecho en el país «que se viene produciendo desde el mismo momento en que María Lourdes Afiuni quedó presa».
«Los únicos que se arriesgaron a defenderla a ella, y que lo han hecho incluso ad honoren, han sido José Amalio, Thelma (Fernández) y su equipo de defensa, y esta fue una manera de sacarlos del medio. Ya conocimos el efecto Afiuni, ahora suponemos que se producirá un «efecto Graterol», que hará mucho más difícil para cualquier abogado recurrir a los recursos legítimamente válidos para defender a sus clientes».
