El llamado del presidente Nicolás Maduro a iniciar dentro del Gobierno nacional una política de combate a la corrupción, resulta una acción netamente demagógica y mediática para el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, debido a la situación de instancias como la Comisión de Contraloría del Parlamento nacional, donde no prosperan aquellas acusaciones que involucran a altos funcionarios del Gobierno nacional.
Recordó precedentes como el caso de los fondos de pensión de Petróleos de Venezuela, por el cual el presidente de la empresa estatal y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, fue acusado por la pérdida de más de 350 millones de bolívares fuertes, sin que se haya producido un proceso formal por este delito.
Una política de cuidado de los recursos del Estado venezolano, a juicio del parlamentario, debería comenzar porque quienes estén en el poder asuman una política de austeridad en sus gasto, sin embargo con la recurrencia a créditos adicionales para cubrir la insuficiencia en la partida de viajes del presidente Nicolás Maduro demuestra que el mandatario, al igual que su antecesor Hugo Chávez, no es ejemplo en el manejo de recursos con transparencia.
“Hay que ver en este país la inmensa cantidad de recursos que han ingresado en más de catorce años, sin que exista una investigación seria de dónde ha ido a parar todo este dinero”, dijo.
Berrizbeitia también se refirió al escándalo generado por la pérdida de dos mil millones de dólares en alimentos de Pdval, podridos en varios puertos del país, sin que exista una investigación de carácter oficial. Además de la falta de licitación transparente en el establecimiento de contrataciones para obras, de acuerdo con lo establecido en la normativa que rige a esta actividad.
“La ley es clara. No se trata de que si la ideología socialista es de una forma y quien no esté dentro de ella saldrá del Gobierno. Lo que debemos es aplicar la ley y los correctivos necesarios”, explicó.
Para el diputado opositor el establecimiento de una política anticorrupción en el discurso, es totalmemente diferente al impulso de una política de acción para lograr este principio.
“Definitivamente una cosa es querer hacer una limpieza de una administración, pero otra es llevarla a cabo en la práctica y prueba de ello son más de catorce años de una impunidad tremenda contra la cosa pública”.
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