En los próximos 30 días, el Tribunal Supremo de Justicia deberá decidir si hay méritos suficientes para enjuiciar al diputado a la Asamblea Nacional, Richard Mardo, una vez realizada la audiencia ante la Sala Plena.
El acto tuvo lugar este martes en la sede del máximo tribunal, donde la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reiteró su acusación contra el opositor por la presunción de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.
Mardo y su defensa presentaron argumentos para demostrar que el caso en su contra se basa en cheques forjados y que el proceso penal que le quieren abrir obedece a un fin político.
«Nosotros enseñamos nuestras pruebas y le dijimos al país cuáles son las forjadas (…) Aclaro que soy diputado desde el 5 de enero de 2011. Mostraron algunos depósitos en mis cuentas de cuando no era diputado; ella nunca dijo que era algo ilícito. Tengo una fábrica de uniformes. Ojalá investiguen bolívar por bolívar de dónde provienen los fondos, porque yo tengo la conciencia tranquila», manifestó el legislador por el estado Aragua a su salida de la audiencia.
Una vez más, Mardo afirmó haber recibido donaciones a su cuenta personal que estaban destinadas a las obras sociales que viene practicando desde mucho tiempo antes de ser candidato a diputado. En su opinión, la titular del Ministerio Público conoce estas circunstancias, pero al igual que lo haría el máximo tribunal, actúa con base en órdenes del Ejecutivo nacional.
«Si no existen tantos elementos probatorios, como ella misma lo dijo, entonces, ¿qué hago yo aquí? Sin embargo quieren abrir un antejuicio de mérito para seguir recabando pruebas en contra de Richard Mardo. (…) Esto es un caso político, sabemos que si yo no fuera diputado opositor no estaría aquí. Ellos (el Gobierno) le dieron un mandado a la Fiscalía y al TSJ y por eso hoy tuve esta audiencia», afirmó el diputado.
Finalmente, instó a quienes lo persiguen a que «revisen mi declaración jurada».
Puertas cerradas
Cabe destacar, a pesar de que la audiencia de antejuicio de mérito contra un funcionario del Estado por ley es un acto público, éste se hizo a puertas cerradas y con prohibición expresa a los representantes de los medios de comunicación social de asistir.
Tan sólo los equipos de prensa del Tribunal Supremo de Justicia Ministerio Público (una de las partes en debate), pudieron estar presentes y seguir las incidencias de las intervenciones de ambas partes, con el fin de transmitir la versión oficial vía nota de prensa.
De igual forma, le negaron el paso a los diputados opositores, compañeros de Mardo, William Dávila y Dinorah Figuera.
