Dentro del gran número de casos que causaron conmoción en la opinión pública se encuentran la forma fácil como un empresario logró obtener una suma enorme de dinero de las pensiones de los trabajadores, la quiebra de bancos, las confesiones de figuras prominentes de la justicia como Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte.
Estafa a la petrolera
La forma como ha sido gerenciada Pdvsa, evidentemente, merece un análisis muy amplio, porque las irregularidades conocidas dejan mucho que pensar.
El empresario Francisco Illaramendi se declaró culpable, en marzo de 2011, por una estafa que, entre el dinero perdido por la Nación, destacan 540 millones de dólares del Fondo de Pensiones de Pdvsa.
Por supuesto, Rafael Ramírez, en su condición de presidente de la empresa, es responsable por el movimiento bancario.
Bancos quebrados
Banqueros y funcionarios de alto nivel fueron denunciados de activar una “centrífuga financiera”, que permitió realizar operaciones con los ahorros de los clientes en otros bancos.
Los 15 bancos intervenidos por el Ejecutivo Nacional controlaban el 13 por ciento de la captación del sistema financiero; pero, al tomarse la medida no fue tocado el superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, quien autorizó a Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón a adquirir el Banco Central y el Banco Real con préstamos ficticios.
Complejo agroindustrial
Numerables fueron los hechos de corrupción detectados en la construcción del complejo agroindustrial Azucarera Ezequiel Zamora.
Se informó de cheques clonados, nóminas infladas y partidas desviadas para la remodelación de la sede del Comando Maisanta en Sabaneta de Barinas.
La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional determinó daños por un monto de 3.3 millardos de bolívares y señaló como responsable a oficiales militares y funcionarios de alto nivel, entre los cuales figuraba el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán.
Luis Velásquez Alvaray
El Dr. Luis Velásquez Alvaray fue la primera persona que públicamente propuso la elección interminable de Hugo Chávez.
Pero, sus propios compañeros de actividad política presentaron un conjunto de acusaciones en su contra entre las cuales figuraban tráfico de influencia y el papel que jugó como responsable de la Comisión Judicial, donde realizó destituciones arbitrarias de funcionarios del Poder Judicial, de haber participado en la adjudicación de contratos para la construcción de ciudades judiciales que se estaban desarrollando en diferentes partes del país.
Lo más significativo del caso es que la denuncia contra Velásquez Alvaray fue hecha por Jesse Chacón, ministro de Interior y Justicia, quien lo acusó de cobrar comisiones por más de nueve millardos de bolívares en la compra de unos terrenos destinados a la construcción de la denominada Ciudad Lebrún.
El acusado contratacó señalando que Chacón, Nicolás Maduro (presidente de la Asamblea Nacional) y José Vicente Rangel, dirigían una red de extorsión judicial conocida como “la banda de los enanos”.
Eladio Aponte Aponte
El Dr. Eladio Aponte Aponte, quien gozó de la más amplia confianza del régimen, fue destituido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, donde presidía la Sala de Casación Penal, en abril del 2011 por presuntos nexos con el narcotráfico.
Se le señaló de haber entregado credenciales a Walid Mackled, sindicado de traficar cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos.
La destitución fue ratificada por la Asamblea Nacional.
Días después Mackled aseguró que Aponte Aponte era su socio minoritario en la empresa aérea Aeropostal y, consecuencialmente, le depositaba mensualmente la cantidad de 300.000 bolívares fuertes (trescientos millones de los de antes). Tal declaración fue hecha por el empresario en el sótano del Palacio de Justicia, en Caracas, al ser entrevistado por reporteros de Venezolana de Televisión.
Ya Aponte Aponte había salido del país cuando se divulgó lo que confesó ante una autoridad notarial en la República de Costa Rica, donde había llegado.
Llegó a decir que asistía a las reuniones periódicas que se efectuaban en la vicepresidencia de la República, en la cual participaban el titular de este despacho, José Vicente Rangel; la defensora del Pueblo, la presidenta del Tribunal Supremo y los jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela, para determinar cuál iba a ser el rumbo de los enjuiciamientos.
En el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero y los policías Erasmo Bolívar, Julio Rodríguez, Héctor Robain, Luis Molina, Marcos Hurtado y Anubi Pérez, acusados por los sucesos del 11 de abril del 2002, expuso: “ordené a la entonces jueza Anabella Rodríguez, del juzgado 13 de Control de Caracas, que decretara la orden de captura que solicitó la fiscal Luisa Ortega Díaz, aun cuando dicha juez no tenía competencia en el caso, que estaba radicado en Maracay”.
“También mantuve comunicación constante con la jueza Marjorie Calderón, de Maracay, y con la fiscal Haifa El Aisami (hermana del ministro de Relaciones Interiores y Justicia), para que hiciera todo para retrasar el juicio y así causarles toda clase de penurias con los traslados”.
También tuvo que ver con casos como Mackled, problemas derivados de las investigaciones sobre la participación de militares y civiles en los negociados de los casinos, en la protección a elementos contra quienes se habían hecho denuncias por drogas y otros hechos graves.
De la confesión de Aponte Aponte se desprende claramente que durante este gobierno ha habido manipulación del sistema de administración de justicia, violaciones al debido proceso y al derecho a la debida defensa de las víctimas.
Más aún, el exmagistrado afirmó que obedeció “órdenes directas del presidente Hugo Chávez”.
Luego se fue a los Estados Unidos, donde está entregando información que, según él, puede ser útil para el desmantelamiento de organizaciones criminales que tenían su ubicación en Venezuela o intereses transnacionales que también estuviesen afincados aquí.
No se ameritaba la presencia de Aponte Aponte en el país, según los entendidos, para que se procediera a una exhaustiva investigación, puesto que la Fiscalía General la hubiese hecho por la vía de hecho público y comunicacional, para determinar hasta dónde eran ciertas las denuncias.
Gobierno electrónico
El mayor problema que tiene la administración pública en este país es su opacidad, la poca transparencia.
Las normas constitucionales obligan a la creación de un gobierno de naturaleza virtual, en el cual un ciudadano interesado en el funcionamiento de cualquier despacho público podría desde un ciber, conocer el presupuesto de cualquier despacho público. A saber cómo se están gastando las diversas partidas. Igualmente, cómo se está disponiendo de los recursos otorgados en el presupuesto para el presente año. Determinar en qué se invirtieron los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional o los consejos legislativos regionales.
En Venezuela no hay gobierno electrónico, que es la mejor forma de llamar al gobierno virtual, consagrado en la Constitución, tanto que al hoy difunto Hugo Chávez, se le concedió una firma electrónica, para que firmara documentos fuera del país. Pero, esta es otra forma de violar el texto constitucional.
La firma electrónica es un instrumento que permite al funcionario, con la autenticación de un notario, poder firmar documentos aun no estando presente en el sitio de la firma.
Eso tiene todo un protocolo de seguridad, pero es un mecanismo para ser utilizado en el territorio de la República, de manera preferente, porque implican situaciones y decisiones que corresponden al interés del Estado venezolano.
La firma del Presidente de la República en cualquier documento en el exterior, tiene que ser por vía directa. Tiene que ser de hecho público, notorio y comunicacional. Y dejar la firma electrónica sólo para circunstancias expeditas de una urgencia o necesidad perfectamente demostrable.
Las firmas electrónicas también están involucradas en un hecho que no ha sido debidamente investigado, pese a que fue denunciado. Concretamente, los decretos que firmaría Chávez cuando estaba en Cuba para nombrar a Elías Jaua como canciller. Los decretos para autorizar al vicepresidente Nicolás Maduro a despachar asuntos reservados al Presidente.
Alimentos descompuestos
El caso de los alimentos descompuestos encontrados en diferentes partes del país ha sido denominado “pudreval” y forma parte de esos programas en los cuales el gobierno decidió entregar licencias de importación, sin impuestos, sin gravámenes, para qué fueron traídos productos alimenticios con la finalidad de atender las necesidades de consumo de los venezolanos mientras, paralelamente, eran ocupados los predios que estaban en plena producción.
Pedro Pablo Alcántara, quien presidió la comisión de agricultura y tierras en la Asamblea Nacional, recordaba que los informes determinaron las invasiones realizadas en distintas regiones del territorio.
Todas tenían un común denominador: no se invadían baldíos, sino fincas productivas, adonde se presentaban grupos de personas reclamando tierra y el gobierno con todas sus fortalezas, tanto militares como económicas, facilitaban la ocupación ilegal.
Al incrementarse la importación de los rubros de consumo masivo, se trajeron más alimentos de lo que se podían refrigerar o distribuir.
Los productos se pudrieron en los principales puertos y galpones a lo largo de las rutas al interior de Venezuela.
Una comisión de la contraloría del Consejo Legislativo de Carabobo, integrada por Neidy Rosal y Aura Montero, hicieron la denuncia del mal manejo de Pdval en relación a 32 mil toneladas de alimentos, en abril de 2009. Además se habían perdido 120 mil litros de leche en la zona portuaria.
El entonces gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, denunció que en marzo se habían dañado 5,4 toneladas de alimentos en Tinaquillo.
En Tazón fueron incinerados millones de kilos de alimentos en mal estado.
Surgieron denuncias por doquier y afloró el nombre de Egli Ramírez, tío del ministro Rafael Ramírez, de estar involucrado en el negocio de las importaciones.
Se estimaron en 2.200 millones de dólares las pérdidas por los alimentos descompuestos; pero, los responsables no existen.
Según las cifras del año pasado, el 45 por ciento de las importaciones que se realizaron en Venezuela, las cuales llegaron a 63 mil millones de dólares, fueron promovidas por organismos del Estado.
Y las que fueron entregadas a los particulares en innumerables casos se denunció que detrás estaban militares que eran los que gestionaban o conseguían la buena pro para la entrega de licencias de importación.
Ahí está el origen de lo que se ha denominado boliburguesía, que es la alianza entre muchos sectores que se dedicaron en ese tipo de actividades y que procedieron, como ocurre en todo régimen donde hay control de cambio, a declarar parte de la mercancía que importaban y dejar parte del dinero que recibieron en el exterior o dedicarlo a compra de otros bienes y servicios. O simplemente como lo declaró el ministro Jorge Giordani, el año pasado, que en Venezuela, durante el 2012, veinte mil millones de dólares que sólo trajeron chatarra o no compraron nada.
