A toneladas de escombro, basura y amasijos de hierros retorcidos quedó reducida una cárcel capitalina donde en mayo un motín carcelario de casi tres semanas dejó al descubierto la crisis carcelaria que enfrenta Venezuela, reseña AP.
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, dijo a The Associated Press que de los 33 penales que hay en el país el gobierno mantiene el control total en al menos unos siete centros.
No ofreció detalles sobre el resto de las prisiones, pero miembros de ONG dedicadas a defender los derechos de los presos dijeron a la AP que la mayoría de los centros carcelarios del país están fuera del control de las autoridades.
Carlos Nieto, directivo de la organización Una Ventana a la Libertad, afirmó que en la mayor parte de las prisiones “existen autoridades del gobierno pero quienes mandan a esas autoridades son los presos. Es una especie de gobierno paralelo el que verdaderamente manda… a través de estos pranes (líderes) y grupos paralelos”.
La situación se puso en evidencia cuando unos 1.600 reos de la cárcel capitalina La Planta tomaron control de las instalaciones para evitar ser trasladados a otros centros penitenciarios. El motín duró casi tres semanas.
Las fuerzas militares retomaron el dominio de la prisión el 17 de mayo, tras intensos tiroteos y detonaciones.
Paredes repletas de centenares de perforaciones, techos y muros completamente ennegrecidos por el hollín por los diversos incendios que se dieron en el interior, son las huellas que dejó el motín en La Planta.
Entre montañas de escombros y basura y un nauseabundo hedor que impregna todo el lugar, las autoridades buscan los escondites donde los reclusos guardaron armas, drogas y posiblemente dinero.
Wilmer Apostol, director general de Seguridad, Custodia y Traslado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, dijo a la AP que la búsqueda que realizan los funcionarios es casi por instinto debido a que no disponen de detectores de metales.
Explicó que donde se presume que puede haber una “caleta”, que es como los presos llaman a sus escondites, los funcionarios abren un hueco, bien sea en una pared o en el piso, y allí comienzan a buscar.
Frente a un púlpito de unas de las iglesias evangélicas que funcionaban dentro de la cárcel fue encontrado un rudimentario depósito de unos tres metros de profundidad donde fueron descubiertos desde municiones de diferentes calibres a una subametralladora, relató Apostol durante un recorrido que realizaron las autoridades por el destruido penal junto a la prensa.
Varela informó en la víspera que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar los responsables y las “mafias” que podrían estar detrás del ingreso del armamento a La Planta. Dijo que las armas comenzaron a ingresar a las cárceles desde antes de que llegará Hugo Chávez a la presidencia en 1999.
El candidato presidencial opositor Henrique Capriles expresó el lunes a través de su cuenta de Twitter que el hecho de la ministra admita que las armas en La Planta llevan más de 13 años en el lugar “es reconocer una gigantesca incapacidad para gobernar”.
Para Nieto, el ingreso de armas data de unos ocho años. Criticó que hasta el momento no existan detenidos e investigados por estos casos como los de la cárcel central El Rodeo II donde en 2011 un motín se extendió por 27 días y un grupo de presos atacó con armas de fuego a las fuerzas militares que tomaron el control del penal.
El motín de El Rodeo dejó al descubierto una severa crisis carcelaria que llevó al presidente Chávez a crear un ministerio y aprobar millonarias recursos para mejorar la infraestructura del sistema
De acuerdo con la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, en La Planta había una población penal inicial de 2.600 reclusos, pese a que el centro fue construido para 350. En el momento del motín unos 1.000 presos habían sido trasladados a otras prisiones.
En Venezuela existen 33 penales con unos 47.000 reclusos, de acuerdo con registros oficiales, aunque fueron diseñados para albergar sólo a 12.000 personas.
Durante 2011 hubo 560 muertos en los penales venezolanos, cifra que supera a la de 2010, cuando se registraron 476 asesinatos.
