El hecho de que el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, haya señalado a Kamel Salame de organizar una campaña de difamación en su contra, cuando este se encuentra detenido en el estado Barinas, constituye para la defensa del empresario yaracuyano la confirmación de que se trata de un preso por razones políticas.
Jameiro Aranguren, parte del equipo legal que representa a Salame, señaló que la acusación del mandatario regional se debe a la solicitud de un antejuicio de mérito en su contra, interpuesto por parte de la Fundación Ombudsman, relacionada con Salame, el pasado martes por la comisión de presuntos hechos de corrupción en la construcción de viviendas.
“De una manera cobarde e impúdica, el gobernador acusa a Kamel Salame de impulsar las acusaciones ante el Poder Judicial, lo cual confirma que nuestro defendido se trata de un preso político de Julio León Heredia, la magistrada Luisa Estela Morales y Eli Saúl Alba Morales, fiscal nacional con competencia plena, sobrino de la magistrada, y el prófugo de la justicia (exmagistrado) Eladio Aponte Aponte”, dijo.
El jurista acusó a los antes mencionados de fabricar en el año 2008, un expediente para privar de libertad a Salame sólo por el hecho de haber incursionado en la política como aspirante a la Alcaldía de San Felipe por parte de la oposición, y denunciar la presunta comisión un fraude electoral el 23 de noviembre de ese año, día de los comicios regionales.
Acción legal contra el gobernador
Más allá de las acciones de la Fundación Ondbudsman, el objetivo de la defensa es garantizar el honor y la integridad de Salame, quien se encuentra detenido “sin juicio” desde hace cuatro años y ocho meses, por lo cual en los próximos días se interpondrá una acusación privada contra el gobernador del estado Yaracuy, por el delito de difamación agravada continuada.
El delito está contemplado en el artículo 441 del Código Penal. Los abogados le dan el carácter de continuada, porque considera que el mandatario desde el año 2008 “ha querido enlodar la imagen de Kamel Salame (relacionándolo) con el narcotráfico y apartándolo de la lucha política regional”.
El representante legal confía en el avance de la solicitud a presentar contra León Heredia, por lo cual lo conmina a “separarse de su cargo para enfrentar el juicio por difamación agravada, porque es tanto el daño moral a la familia Salame que el tribunal competente de juicio tendrá que imponerle una reparación pecuniaria para indemnizarlos”.
Sobre los señalamientos del gobernador de contar con pruebas de organismos de inteligencia que relacionan a Salame con el narcotraficante Walid Makled, Aranguren responde que se trata de una “huida hacia adelante y una actitud cobarde de una persona que se cree que está por encima del estado de derecho”.
Aseguró que se acercaría el fin de un reinado imperial que se habría instalado en la política yaracuyana y que León Heredia se convertiría en el primer preso político de la “justicia revolucionaria postchavista”, por lo cual solo le queda arremeter contra Salame y la Fundación Ombudsman, que también ha acusado al gobernador de recibir apoyo financiero de Makled para su campaña electoral.
Foto: JMG
