La Ley aprobatoria del segundo protocolo de enmienda del acuerdo entre los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, que tiene como finalidad mantener en vigencia el financiamiento del Fondo Chino, amerita ser analizada por el Tribunal Supremo de Justicia y, a la luz de la Constitución Nacional, anulado.
Coinciden en tal punto de vista el exdiputado Pedro Pablo Alcántara, responsable de asuntos legislativos de Un Nuevo Tiempo (UNT) y el abogado Edgar Zambrano, diputado por el estado Lara a la Asamblea Nacional.
La firma de esa ley por parte del presidente de la República, Hugo Chávez, durante una reunión de ministros que fue televisada la noche del martes, es un hecho muy grave, dijo Alcántara. Porque ese acuerdo fue llevado a cabo a espaldas de la República, por cuanto su contenido no fue dado a conocer ni siquiera al Poder Legislativo, sino que el jefe del gobierno lo hizo a su entera voluntad, con el propósito de contraer una enorme deuda, que crece continuamente.
Irrespetó de esa forma el Presidente de la República normas que debió acatar porque están contenidas en la Constitución y en la Ley del Banco Central de Venezuela.
Aún más, para firmarse un acuerdo de esa naturaleza ha debido hacer una consulta por lo menos con la Asamblea Nacional, las academias y, naturalmente, ceñirse a las leyes.
Lo que ha hecho la bancada oficialista en la Asamblea Nacional es aprobar la modificación de un articulado, pero lo esencial del texto del acuerdo no es conocido.
Ha sucedido lo mismo que ocurrió cuando Fidel Castro y Hugo Chávez llegaron a un entendimiento para establecer lo que han denominado un convenio de cooperación, pero que realmente constituye la entrega de petróleo y recursos al gobierno de la isla antillana, pero en condiciones desventajosas para Venezuela.
Con los chinos ya la deuda estápor el orden de los 40 mil millones de dólares, que constituye una suma enorme y nunca imaginable, por cuanto nunca como ahora el petróleo había alcanzado un precio tan alto como es de superar los 100 dólares por barril.
Está violando el artículo 154 de la Constitución, el cual precisa que los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el presidente de la República. Es por ello que el TSJ debe conocer de esta materia, dijo Alcántara.
Voracidad
El presidente de la República, Hugo Chávez, con el Fondo Chino está hipotecando el futuro de la soberanía nacional, afirmó el abogado Edgar Zambrano.
Son enormes los compromisos económicos que están siendo contraídos con el imperio chino, que es más voraz que el imperio yanqui, por cuanto los asiáticos no sólo envían a los técnicos para tener absoluto control de la deuda que tiene nuestro país, sino que las condiciones impuestas son perjudiciales para Venezuela.
Se está desplazando a los inversionistas venezolanos en los desarrollos previstos por el gobierno, pero también está siendo desplazada la mano de obra venezolana, añadió. Estos chinos traen hasta los cocineros en las obras que serán ejecutadas mediante el convenio suscrito por Chávez.
No se puede obviar que la economía china ha entrado poderosamente en la globalización y se ha hecho muy competitiva porque el capitalismo asiático se rige por la política comunista, donde el trabajo tiene un valor muy bajo. Debe, por lo tanto, este acuerdo ser revisado por el TSJ.
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