“¿Qué hacemos con estar más tiempo en la casa sin tener dinero para cubrir las necesidades de nuestros hijos: estudio, ropa y alimentación?”, es la pregunta que hacen quienes se dedican a prestar servicio de vigilancia privada en la región, a raíz de la entrada en vigencia de los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) y su reglamento, en lo concerniente a la jornada laboral.
Los empleados de unas seis empresas de vigilancia se concentraron la mañana del lunes frente a la Inspectoría del Trabajo, con el objetivo de hacer público su descontento ante lo que consideran una injusticia que incide de manera directa en sus salarios.
Su labor se encuentra dentro de lo de establecido en el artículo 176 de la ley, concerniente a las empresas de trabajo continuo.
“Por cada cinco días trabajados debemos librar dos, lo cual representa para nosotros un gran logro… sin embargo, la normativa establece que no podemos exceder de 100 horas anuales de sobretiempo y es allí donde radica nuestro descontento”, explica Pedro Carmona, secretario de Reclamo de una reconocida empresa de vigilancia privada de la región.
“Estamos dispuestos a respetar la Ley, pero pedimos que nos den una extensión para trabajar sobretiempo porque esas 100 horas se consumen en un mes y medio… pero se han cerrado y lo único que nos dicen es que no puede ser así”, detalla.
Aseguran que en enero iniciaron las negociaciones ante la Inspectoría, sin recibir una solución satisfactoria.
“La reducción en las horas de trabajo nos trae una descompensación del salario y del bono de alimentación… por eso consideramos viable un permiso provisional para exceder las horas permitidas, mientras se discute y aprueba una ley o reglamento que regule nuestro servicio”.
Los trabajadores denunciaron que la situación coloca en riesgo su estabilidad laboral. “Podrían desaparecer las empresas de vigilancia y con ello 34.000 empleados, en el ámbito nacional, quedaríamos en la calle, dado que la actividad no será rentable para las empresas ni para los clientes”.
“Desde el 9 de mayo muchos clientes de las empresas de vigilancia dejaron de pagar, debido al conflicto… pero, queremos aclarar que nadie, ni la empresa ni el Estado, nos están obligando a trabajar más, somos nosotros, los trabajadores quienes proponemos al Estado trabajar más”.
Los sindicatos consignaron un documento en el cual exponen los resultados de la negociación realizada entre ellos y las empresas de vigilancia, “con el horario que más nos conviene”. Esperarán la respuesta durante diez días hábiles.
“No permitiremos que nuestras familias se mueran de hambre, sólo porque se quiere limitar nuestro trabajo”. Luis Castillo, delegado sindical, destacó que la desmejora salarial para el sector alcanza el 60% del sueldo que devengan.
“Todos los trabajadores de la vigilancia estamos afectados, porque las empresas de vigilancia tendrían que contratar más empleados para poder cubrir un servicio, lo cual no les resultará viable. Pedimos al Presidente que así como nosotros le dimos nuestro voto de confianza, ahora nos dé la oportunidad de discutir esta nueva forma de trabajo”.
