Un total de 12.866 personas, quienes prestaron sus servicios entre 15 y 45 años en diversos organismos de la administración pública, la mayoría de los cuales fueron eliminados, luego de 20 años están a la espera del pago de sus jubilaciones. En la espera ya fallecieron 788 trabajadores.
Este grupo de trabajadores ha mantenido una lucha incansable y sin desmayo, realizando gestiones ante la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, no sólo permanecen sin respuestas, sino que en la mayoría de estas dependencias ahora ya ni siquiera les atienden, e incluso en algunos casos les impiden el ingreso.
Se trata de trabajadores que desempeñaron cargos en organismos como Cadafe, Visa, Cantv, Bandagro o el Fonaiap.
Les preocupa que la actual administración ha otorgados numerosas «jubilaciones especiales» a trabajadores de varios ministerios e institutos autónomos, mientras siguen violentando su derecho a tener una jubilación digna.
Alberto Guzmán, quien actúa como vocero del grupo de ex trabajadores afectados, advierte que este caso no se ha resuelto, porque no ha habido un funcionario practicante de la inclusión, de la humanidad y de la justicia social, que haya sido capaz de plantearle este drama humano al Presidente de la República.
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