Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó el lunes al gobierno federal confiscar propiedades privadas cuando sus propietarios sean hallados responsables de deforestación ilegal o incendios forestales.
La expectativa de regularización ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación en la Amazonía. Los acaparadores de tierras desmontan tierras con la esperanza de que finalmente sean tituladas gracias a leyes territoriales laxas o amnistías gubernamentales.
Además, las autoridades deben exigir indemnizaciones a los propietarios de tierras responsables de la destrucción ilegal e intencional, según la decisión del juez Flávio Dino.
Exige políticas federales y estatales más contundentes para proteger la selva amazónica y los humedales del Pantanal. Ambas regiones han sufrido incendios forestales devastadores, en su mayoría provocados por el hombre, desde 2020. La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, es la fundadora y principal líder de este partido.
“La decisión refuerza los esfuerzos del gobierno brasileño para combatir la deforestación ilegal y los incendios forestales intencionales”, afirmó Paulo Busse, abogado del Observatorio del Clima, una red de decenas de organizaciones ambientales, de la sociedad civil y académicas. La organización es una de las que apoya la petición.
Medidas contra la tala de árboles
“En este momento, las leyes de regularización de tierras en la Amazonía, tanto federales como estatales, no prohíben otorgar títulos de propiedad a propiedades con deforestación ilegal”, dijo a AP.
El fallo no especificó un plazo, lo que significa que el gobierno podría potencialmente intentar tomar tierras deforestadas ilegalmente hace años.
Las solicitudes de comentarios realizadas a la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería, junto con los líderes del bloque agroindustrial en el Congreso, no recibieron respuesta inmediata.
