El abogado y defensor de derechos humanos, exparlamentario Rafael Narváez, alzó su voz para exigir al sistema de justicia venezolano un retorno a sus responsabilidades constitucionales en la protección de la vida de las personas privadas de libertad, tal como lo establece el artículo 43 de la Constitución de Venezuela.
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Enérgicamente, Narváez lamentó la trágica muerte de seis detenidos por razones políticas, ocurridas tras las manifestaciones postelectorales del 28 de julio de 2024. El abogado responsabilizó directamente a la falta de atención médica oportuna bajo custodia del Estado como la principal causa de estos decesos.
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La preocupación del defensor de DDHH se extiende a la situación actual de más de 70 presos políticos, quienes, según sus declaraciones, requieren de manera urgente la implementación de un operativo de salud integral por parte del Estado. Narváez enfatizó que el derecho a la salud y a la vida son derechos humanos y constitucionales inalienables, y advirtió que la inacción del sistema de justicia lo convertiría, una vez más, en responsable de las consecuencias que puedan sufrir estos detenidos.
Con un tono contundente, Rafael Narváez calificó la situación como un «crimen sin precedentes«. En su denuncia, detalló patrones de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad del Estado, prolongada incomunicación de los familiares (hasta por más de 15 días), imputaciones realizadas por jueces «sin rostro» y sin garantizar el derecho a la defensa privada, tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluyen torturas, y la persistente negación del derecho fundamental a la salud.
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Las declaraciones de Rafael Narváez ponen de manifiesto la creciente preocupación por el estado de los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela y exigen una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes para garantizar su vida, su salud y el respeto a sus garantías fundamentales.
