Amnistía Internacional urgió este jueves al cese inmediato de los abusos, malos tratos, torturas e incomunicación a los que son sometidos los presos políticos en Venezuela. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la organización exigió respeto a los derechos humanos y el fin de la persecución política.
Grave situación de los presos políticos
Amnistía Internacional denunció que aproximadamente 900 personas se encuentran actualmente detenidas arbitrariamente en Venezuela, según cifras del Foro Penal. Estas personas serían víctimas de torturas, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y negación de atención médica, además de enfrentar juicios injustos y privación de libertad sin las debidas garantías legales.
“Deben cesar de inmediato los graves abusos que sufren las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, declaró la organización en su llamado público.
Casos preocupantes de desaparición forzada
El informe resalta que, en varios casos, los familiares de los detenidos no han tenido información sobre el paradero de sus seres queridos por días o semanas. Nombres como Roland Carreño, Freddy Superlano, Pedro Guanipa y Américo de Grazia, entre otros, fueron citados como ejemplos de víctimas de desaparición forzada y régimen de incomunicación.
Amnistía recordó que la desaparición forzada y la tortura están “absolutamente prohibidas bajo el derecho internacional” y subrayó que las víctimas de estos crímenes tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Exigencias a las autoridades venezolanas
En su carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, la organización de derechos humanos exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y pidió garantizar condiciones dignas de reclusión, incluyendo:
- Visitas familiares regulares.
- Acceso a una defensa legal de confianza.
- Atención médica adecuada.
- Procesos judiciales justos y transparentes.
Asimismo, Amnistía destacó la importancia de las investigaciones internacionales independientes sobre estos abusos, como mecanismo para asegurar la rendición de cuentas.
