Desde el 14 de abril, Henrique Capriles Radonski, tras conocer los resultados dados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha sostenido que este es un gobierno ilegítimo porque se produjeron más de cinco mil irregularidades durante las votaciones, entre las cuales señaló máquinas dañadas, duplicidad de huellas dactilares, fallecidos que sufragaron, expulsión a mano armada de los testigos en las mesas de votación, coacción a electores, utilización de vehículos oficiales para el traslado de los votantes de su residencia a los centros electorales y amenazas por parte de grupos de motorizados armados.
Los días 15 y 16 se produjeron manifestaciones de miles de personas en diferentes ciudades del país exigiendo el recuento de votos en las mesas que no entraron en el sorteo del domingo y, como ya se sabe, fueron muchos los heridos a perdigonazos que se registraron, las detenciones prácticas y el enjuiciamiento a que están sometidas muchos de esos manifestantes.
Capriles Radonski, a través de su representación en el Consejo Nacional Electoral, hizo una serie de peticiones para que se llevara a cabo una profunda revisión, en la cual se hicieron un cotejo de los votos con los cuadernos de votación, así como en el resto de los elementos del proceso.
Al no haber sido aceptadas las condiciones planteadas por el Comando Simón Bolívar en torno a la auditoría al 46 por ciento de las mesas para completar una revisión ciudadana total, su representación legal acudió al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar el proceso comicial presidencial.
Luego se introdujo otra impugnación, mediante la cual se exige la revisión de más de cinco mil mesas en las cuales votaron 230 mil personas.
El gobernador de Lara y jefe del Comando Simón Bolívar, Henri Falcón, en visita dispensada a la sede de este diario no ocultó su desconfianza sobre el máximo tribunal de la República porque parece lógico que “privilegie su relación política con el gobierno y deje de lado su responsabilidad con la población”.
En la visita que Nicolás Maduro hizo a Brasil fue recibido por una manifestación, que colocó pancartas en las que se leía “la legimitidad no se compra”.
La publicidad oficial, especialmente la televisada, ha venido repitiendo el acto de juramentación de Maduro, para intentar hacer ver la legitimidad del jefe del gobierno, mientras una encuesta hecha recientemente indica que más de la mitad de las personas consultadas considera que debió hacerse el conteo de votos en forma total, para determinar la verdad de lo ocurrido en las elecciones presidenciales.
Ante estos hechos, entrevistamos al Dr. Ramón Pérez Linárez, conocido profesional del Derecho, quien tiene una amplia trayectoria como abogado litigante y, asimismo, la experiencia de haber sido juez penal muy respetable y, además, profesor universitario.
-A pesar de todas las observaciones que se han hecho tras el proceso electoral, ¿este es un gobierno legítimo?
-El gobierno no ejerce un poder real sino en tanto que es constitucional; no es legal, sino en tanto sea fiel a las leyes que le han sido impuestas, por lo que este gobierno, que a cada rato vulnera la constitucionalidad y la legalidad, impide que los diputados de la Asamblea Nacional tengan derecho al uso de la palbra, reprime violentamente las manifestaciones y criminaliza las protestas, indudablemente, carece y pierde legitimidad.
El derecho a la protesta
-Desde el día siguiente de las elecciones, este gobierno fue objeto de manifestaciones por los estudiantes. ¿Por qué cree usted que los jóvenes realizan protestas?
-El hombre, en el continuo ajetreo de ser libre y poder realizarse consigue y requiere de la legalidad, como supremo ideal. Y esa lucha por la libertad es un estado permanente de la existencia, por lo cual no se puede aceptar que se nos imponga un solo pensamiento y se nos prohíba disentir.
-Ya hace muchos años que las protestas se han convertido en una actividad rutinaria en el país, al punto que organizaciones no gubernamentales han estimado que al año se están haciendo más de cinco mil manifestaciones de calle. Sin embargo, son muchas las personas que han sido enjuiciadas. ¿Se han convertido en ilegales las manifestaciones de protesta?
-La resistencia a la opresión es legal; pero, además, estamos frente a un régimen que se jacta de predicar que existen libertades políticas. Sin embargo, conviene señalar que las libertades políticas son insuficientes para consolidar la libertad civil, y esto es tan cierto que observamos que despotiza a todo el que disiente. Vemos cómo se les quita el trabajo, despidiendo al personal que no piense como ellos. El gobierno se está arrogando una facultad sin límites para gobernar, irrespetando a cualquiera y a todo el que disienta de su pensamiento.
La voluntad del déspota
-¿Se trata, entonces, de un Estado policía?
-El Estado policía se inspira en el principio de que el fin justifica los medios. Actúa de manera discrecional. En cambio, un gobierno constitucional y legal se desenvuelve siguiendo la ley en sus relaciones con los ciudadanos; pero, este gobierno utiliza la discrecionalidad como un medio de interpretación y no tiene limitación jurídica, lo que conlleva a la desestabilización jurídica. Concluyo con la afirmación de que es un Estado despótico, no limitado por el derecho sino por la voluntad arbitraria del déspota y sus enchufados.
-¿Por qué considera que este es un gobierno déspota?
-La voluntad arbitraria del déspota es la posibilidad jurídica que tiene el autócrata de atraer a sí toda decisión de determinar incondicionalmente la actividad de todos los poderes que deberían ser autónomos, lo que corrompe en cualquier momento la normativa jurídica y se producen decisiones carentes completamente de legalidad.
-Sin embargo, este gobierno dice tener mayoría y alega que sus actuaciones son democráticas. ¿Qué opina?
-Una mayoría no puede actuar desbordadamente y atropellando a los disidentes. Históricamente, la construcción de un buen gobierno se nutre de principios éticos, políticos, que permiten la coexistencia con los otros grupos. De lo contrario, la Constitución de una sociedad justa como una labor encomiable, está alejada del predominio único de un pensamiento.
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