La Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) confirmó la firma de un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitirá a sus agentes policiales actuar bajo funciones migratorias específicas en el marco del controvertido programa 287(g).
La iniciativa, que también ha sido adoptada por otras instituciones educativas del estado, se enmarca en la ofensiva migratoria promovida por la administración del presidente Donald Trump, y busca ampliar la colaboración entre autoridades locales y federales en materia de seguridad y control de inmigración.
Según la universidad, el acuerdo contempla la capacitación del cuerpo policial interno para que puedan desempeñar funciones de detención e interrogatorio de personas sospechosas de estar en situación migratoria irregular, siempre bajo la supervisión directa del ICE.
Incertidumbre entre estudiantes extranjeros
Esta situación ha generado preocupación entre estudiantes internacionales y defensores de los derechos migratorios, especialmente en FIU, considerada una de las universidades con mayor población hispana en Florida, con un 68 % de alumnos latinos, según datos de U.S. News & World Report.
Actualmente, la institución alberga a cerca de 600 estudiantes protegidos por el programa DACA, que ampara de la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños.
El programa 287(g), aprobado en 1996, faculta a agentes estatales o locales a ejercer funciones de agentes migratorios en contextos específicos. Su aplicación en universidades representa una novedad polémica, que plantea interrogantes sobre la seguridad, la privacidad y la confianza en los entornos académicos.
Organizaciones estudiantiles y defensoras de migrantes han comenzado a manifestar su rechazo al acuerdo, advirtiendo que podría generar un clima de temor y discriminación en campus que históricamente han sido espacios de inclusión y diversidad.
Aunque desde FIU se asegura que las medidas están orientadas a “mejorar la seguridad del país”, activistas han solicitado que se revoque el convenio y se priorice el acompañamiento legal y el bienestar de los estudiantes internacionales.
