Un juez federal en Washington D.C. abrió este jueves la posibilidad de declarar al gobierno de Donald Trump en desacato por haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una cárcel en El Salvador.
Durante una audiencia, el juez James Boasberg se mostró escéptico ante los argumentos del abogado del gobierno y señaló incluso que es posible que la Administración haya actuado «de mala fe» para acelerar los vuelos y evitar el escrutinio judicial.
«Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día fue legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron», indicó Boasberg.
Expulsión de venezolanos a El Salvador
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, que surgió en cárceles venezolanas.
Un día después de que Trump invocara la ley, el juez Boasberg bloqueó su uso, justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes, y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso el presidente Donald Trump sugirió llevar a un juicio político al juez Boasberg.
En la audiencia, el juez increpó al abogado del gobierno sobre la sucesión de eventos del día en que despegaron los vuelos e indicó que la Administración decidió acelerar la expulsión de los migrantes para evitar que los tribunales se interpusieran.
«Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí», insistió el juez.
