La discriminación laboral por motivos políticos se ha recrudecido en Venezuela, afirmó el coordinador nacional de Provea, Marino Alvarado.
Durante la presentación del informe anual que realiza esta organización para medir el avance y retroceso de los derechos humanos en el país, informó que en 2012 no registraron muchas denuncias a diferencia de lo observado en lo que va de año.
«Nosotros en el informe anual no precisamos datos significativos de discriminación política, por ejemplo porque la gente haya votado en contra del presidente Chávez, pero lo que sí venimos diciendo es que la lista Tascón está vivita y coleando», manifestó el defensor de derechos humanos.
De acuerdo con la información que maneja la ONG, este tipo de discriminación reviste un carácter crónico en determinadas instituciones o empresas manejadas por el Estado.
«Se está aplicando en varias instituciones, en la Universidad Bolivariana, en ministerios, en las empresas básicas de Guayana, y nos preocupa incluso que haya sindicalistas afectos al gobierno que han considerado que esto es una política correcta para sanear de «escuálidos» las empresas básicas».
Así mismo, Alvarado indicó que a Provea han llegado denuncias reiteradas sobre la aplicación del criterio político para la adjudicación de las viviendas construidas por el Estado.
«La preocupación es que en Venezuela la política de discriminar por razones políticas se mantenga, y sobretodo que haya pasividad y complacencia de funcionarias como la defensora del pueblo, o la propia fiscal general de la República, que son dos de las instituciones que deberían ponerse al frente para garantizar que en Venezuela ese problema no exista», advirtió el abogado.
Ley Antiterrorismo en Lara
El estado Lara es una de las regiones del país donde más se criminalizó la protesta con la aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en el marco de las manifestaciones contra el presunto fraude electoral expresado en los resultados oficiales de la elección presidencial.
Así lo maneja Provea. «Nosotros estuvimos en contacto con los abogados que asistieron a las personas detenidas en el estado Lara, a quienes a un número importante de ellos se les está aplicando el artículo de la ley antiterrorista, entre ellos dos adolescentes. Estaríamos hablando de alrededor de 16 personas», explicó Marino Alvarado.
Ya la organización de derechos humanos advirtió su gran preocupación por esta situación, a la que han definido como «una etapa superior de la criminalización de la protesta». El vocero de Provea teme que en Venezuela se copie el modelo represivo adoptado por los gobiernos de Chile y Colombia.
«Esta política es muy conocida en América Latina, en casos como Colombia y Chile, país en donde se ha aplicado a manifestantes estudiantiles y a los indígenas mapuches, mientras que en Colombia muchos indígenas han sido procesados por la ley antiterrorista. En Venezuela pareciera que vamos hacia las políticas chilena y colombiana», dijo.
