Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com
La Red Jesuita con Migrantes de América Latina y El Caribe se hizo eco este jueves 20 de marzo de un comunicado que publicó el Observatorio de Movilidad Humana del Darién y otras rutas alternas que exhorta a los Gobiernos de Costa Rica y Panamá cumplir sus obligaciones para con las personas migrantes.
El llamado de atención obedece a que no solo se vienen reconfigurando los flujos migratorios por los pasos centroamericanos, tal cual como se conocían antes, con una evidente reducción de personas migrantes transitando por estas rutas; sino también porque se experimentan “fenómenos como el flujo inverso o el que conforman aquellas personas expulsadas colectivamente desde EE. UU., se van consolidando en los territorios y nos presentan nuevos desafíos”.
En ese sentido, advierten que se deben analizar “las consecuencias de las medidas adoptadas por estos dos gobiernos en alianza con la nueva administración de EE. UU. y finalmente planteamos la necesidad de convertir la política en una plataforma de derechos y dignidad y no en un modo de perpetuar la criminalización y la negación del asilo y la protección internacional”.
En concreto, el comunicado insta a los gobiernos de Rodrigo Chaves y José Raúl Mulino lo siguiente:
- Garantizar el acceso efectivo a la protección internacional de las personas en situación de movilidad humana, respetando su derecho a solicitar asilo y evitando la expulsión hacia países donde su vida o libertad estén en peligro.
- Adoptar medidas de seguridad y protección en los traslados del flujo inverso, evitando riesgos innecesarios y garantizando condiciones adecuadas para las personas en situación de movilidad humana, especialmente aquellas que viajan en condiciones de vulnerabilidad.
- Asegurar que la detención migratoria sea una medida de último recurso, utilizada únicamente bajo estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con un análisis individualizado de cada caso.
- Garantizar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil para monitorear y apoyar a las personas en movilidad humana.
- Implementar una atención diferenciada para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando la cobertura de sus necesidades específicas con el nivel de protección adecuado.
- Reconocer a las personas integrantes de estos flujos como sujetas de derechos. Actuar y referirse a ellas desde el reconocimiento de su dignidad intrínseca y desde las obligaciones de humanidad y garantías que deben ofrecer Estados democráticos y comprometidos con los derechos humanos.
Leer más en Radio Fe y Alegría Noticias
