En un controvertido acuerdo con el gobierno de Donald Trump, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha comenzado a recibir en su país a deportados desde Estados Unidos, incluidos presuntos miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
La operación fue anunciada con imágenes impactantes difundidas en la red social X, donde se observa a los deportados descendiendo esposados y encadenados de un avión para ser trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel insignia del gobierno de Bukele en su lucha contra la delincuencia.
Según se informó, en el primer vuelo llegaron 261 indocumentados, de los cuales 238 son señalados como miembros del Tren de Aragua y 23 como integrantes de la MS-13. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas pruebas de su vinculación con estas organizaciones criminales.
Un acuerdo sin precedentes
El acuerdo, cerrado entre Bukele y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, contempla una compensación económica para El Salvador por albergar a los deportados en su sistema penitenciario. Bukele detalló que EE.UU. pagará una «tarifa baja para ellos, pero alta para nosotros» por mantenerlos detenidos durante un año, renovable.
“Con el tiempo, estas acciones combinadas con la producción que ya están generando los más de 40.000 presos en varios talleres y trabajos como parte del Programa Cero Ocio ayudarán a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible”, afirmó Bukele, quien reveló que el gasto actual del sistema asciende a 200 millones de dólares al año.
Críticas al “Guantánamo centroamericano”
El acuerdo ha despertado críticas a nivel internacional. Expertos consultados por BBC Mundo han descrito la medida como una estrategia para convertir a El Salvador en un “Guantánamo centroamericano”, haciendo referencia a la controvertida prisión de EE.UU. en Cuba donde se retienen sin juicio a sospechosos de terrorismo.
El expresidente Donald Trump agradeció a Bukele por su «comprensión ante esta horrible situación» y criticó duramente a la administración de Joe Biden por permitir la entrada de estos migrantes.
Este acuerdo plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y las implicaciones políticas de que un país centroamericano acepte a deportados sin pruebas concluyentes de su historial criminal.
