La organización no gubernamental Súmate ha elevado su voz para exigir al Estado venezolano la reparación de los daños causados a Nélida Sánchez, su coordinadora de Formación Ciudadana Electoral, quien acumula más de 200 días de detención.
La activista enfrenta acusaciones por cinco presuntos delitos, incluyendo terrorismo y traición a la patria, en un proceso que Súmate califica de «viciado de nulidad absoluta».
Un proceso judicial cuestionado
Súmate sostiene que el proceso judicial contra Sánchez está basado en «pruebas forjadas» y que el tribunal admitió los cargos promovidos por la Fiscalía de manera irregular.
La ONG ha invocado el artículo 49 de la Constitución venezolana, que establece el derecho de toda persona a solicitar la reparación de daños causados por «error judicial, retardo u omisión injustificados».
Además de las acusaciones de terrorismo y traición a la patria, Sánchez enfrenta cargos por incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir, los cuales son rechazados por Súmate. La organización exige la liberación inmediata de su coordinadora y de otros activistas y ciudadanos que, según denuncian, están detenidos de manera «arbitraria».
Preocupación por la salud de la activista
Súmate ha expresado su preocupación por la salud de Nélida Sánchez, quien se encuentra detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como El Helicoide.
La ONG ha alertado sobre los retrasos en el inicio del juicio y las «múltiples enfermedades» que sufre la activista, incluyendo crisis de hipertensión, trastornos de ansiedad, insomnio e infección urinaria.
Ante esta situación, Súmate ha solicitado a la Justicia venezolana que otorgue «medidas especiales» para garantizar que Sánchez reciba un tratamiento médico «adecuado y oportuno».
Detención de Nelida Sánchez
La detención de Nélida Sánchez se produjo en un contexto de tensión política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, cuya legitimidad ha sido cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, además de ser motivo de protestas generalizadas en el país.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
