El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado el cierre de los centros migratorios ubicados en el Tapón del Darién, la peligrosa selva que ha servido de ruta para más de un millón de migrantes en su camino hacia Estados Unidos desde 2016.
Según el presidente Mulino, la medida se produce tras una notable disminución del 98% del flujo migratorio de personas que se dirigían hacia Estados Unidos, luego de que Donald Trump prohibiera el ingreso de inmigrantes y anunciara deportaciones masivas.
Muchos migrantes han emprendido el viaje de retorno a través de la Selva del Darién, en sentido contrario, con destino a sus países.
Zona violenta y peligrosa
El Darién, una selva inhóspita y peligrosa, ha sido atravesada por migrantes de diversas nacionalidades, principalmente venezolanos que huyen de la crisis económica, pero también colombianos, ecuatorianos y personas de países remotos como Vietnam, Afganistán y Congo.
El paso por la selva estaba controlado por grupos paramilitares que cobraban a los migrantes por el derecho a transitar, un negocio irregular que les ha dejado cientos de millones de dólares. Aproximadamente 350 dólares debía pagar cada migrante para poder pasar; no obstante, la cuota no garantiza el éxito ni la seguridad.
Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos o violaciones de bandas de delincuentes.
«No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña», declaró Mulino en rueda de prensa.
El anuncio coincide con la revelación de que Trump ha solicitado al Pentágono planes para tomar el control del Canal de Panamá, un hecho que añade tensión a la situación.
Asistencia humanitaria
Durante años, un número indeterminado de migrantes ha perdido la vida en el Darién, víctimas de los peligros de la selva, las crecidas de los ríos y los actos de violencia de bandas criminales. En el lado panameño, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) vigilaba el cruce y las autoridades panameñas, junto con organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU, proporcionaban asistencia humanitaria a los migrantes en los centros de recepción.
