Trabajo de www.lamananadigital.com
El director del Observador Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, explicó este miércoles 5 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de adolescentes y adultos detenidos en el país tras el contexto electoral de las elecciones del pasado 28 de julio.
El Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, afirmó que lo que se busca con la existencia de presos políticos en el país es «silenciar la disidencia y generar miedo en toda la sociedad».
En la presentación, Prado aseveró que «Venezuela enfrenta una terrible crisis de derechos humanos generada por el Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral que persiguen y procesan penalmente a los opositores, periodistas, defensores de DDHH y organizaciones de la sociedad civil».
Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, indicó que «estamos ante una situación dramática» y añadió que la situación en Venezuela «es prácticamente una descripción de lo que da en otros regímenes, donde no hay democracia, donde hay dictaduras como el de Cuba».
De la misma manera, afirmó que en las elecciones del 28 de julio «se cometió un enorme fraude electoral», que derivó en persecución política contra «todo aquel que ayudó a quien legítimamente ganó las elecciones y se le impidió tomar el poder».
Ralón Orellana detalló que los tratos crueles y la saña contra los presos políticos se utiliza para ejemplificar a las demás personas «por qué no debería seguirse esa ruta de una línea de pensamiento, una búsqueda de libertad o de democracia».
Para el representante de la CIDH, la situación de los presos políticos en Venezuela debe darse a conocer no solo en el sistema interamericano, sino en todos los lugares del mundo «porque la lucha de la libertad de los presos políticos debe ser una lucha de todos, es un asunto de derechos humanos y es un asunto de democracia», dijo.
Añadió que la presión de la sociedad civil es fundamental para exigir la liberación de todos los detenidos y para que se respete un Estado de derecho y los DDHH y sentencia que, para que ocurra, debe reencausarse a un régimen democrático.
El relator de la CIDH enfatizó que «el Estado de Venezuela se ha aislado, le ha dado la vuelta, le ha dado la espalda a cumplir con los compromisos de derechos humanos inherentes a la dignidad de cada persona y se ha aislado y nosotros tenemos que continuar en el marco de nuestras competencias visibilizando esta situación y exigiendo esa liberación de los presos políticos».
Por su parte, relator especial de la CIDH Pedro Vaca se refirió a las detenciones de adolescentes y señaló que estas tienen «un impacto generacional», que explicó «termina arrebatándole a la juventud el derecho a opinar sobre su presente y a construir con sus manos el futuro».
En la presentación de los casos de presos políticos ante la CIDH estuvieron Sairam Rivas, expresa política y pareja del preso político Jesús Armas, defensor de derechos humanos y presidente de la ONG Sin Límites; Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano; María Constanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha, quienes expusieron las situaciones de sus familiares presos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el CNE indicó que Nicolás Maduro fue reelecyo sin mostrar las pruebas.
