El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas instó este viernes al gobierno de Venezuela a informar sobre el paradero y la situación de las personas desaparecidas en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y la investidura presidencial de enero de 2025.
En un comunicado, los expertos en derechos humanos expresaron su preocupación ante el creciente uso de la desaparición forzada como un mecanismo de represión política y advirtieron que esta práctica busca “disuadir a toda la sociedad”.
Preocupación por la falta de respuesta de las autoridades venezolanas
El Grupo de Trabajo, presidido por Gabriella Citroni e integrado por Grazyna Baranowska, Aua Baldé, Ana-Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi, destacó que ha recibido múltiples denuncias de familiares, abogados y organizaciones de la sociedad civil que han intentado acceder a la justicia sin éxito.
Según los expertos, las víctimas enfrentan instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, lo que las ha llevado a recurrir a organismos internacionales en busca de respuestas. “Las denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en muchos casos, ni siquiera aceptados”, señalaron.
Desapariciones forzadas
El informe advierte que el gobierno venezolano está utilizando las desapariciones forzadas como un instrumento para silenciar a la oposición, activistas prodemocracia y defensores de derechos humanos.
“El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad”, denunciaron los expertos.
Exigencias y llamados internacionales
El Grupo de Trabajo de la ONU instó al Estado venezolano a rendir cuentas sobre las desapariciones y garantizar que los familiares de las víctimas tengan acceso a la verdad y la justicia. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando de cerca la situación en el país.
El comunicado se suma a una creciente presión global sobre el gobierno venezolano, que ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente en el marco de la crisis política y social que atraviesa la nación sudamericana.
