Pequeñas y medianas industrias no tienen recursos para atender nuevas reivindicaciones

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Aún está fresca la tinta con la que se imprimió la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), con beneficios para todos aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo, y ya los analistas del sector privado ha detectado por lo menos 14 aspectos de esta nueva normativa, que tienen incidencia directa en la estructura de costos de las empresas.
La improvisación y la aprobación inconsulta de este instrumento, elaborado sin la participación de los actores principales como son los trabajadores y los empleadores, comienza a generar impactos indeseables, principalmente para muchas pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrán que recibir auxilio del Estado para poder hacer frente a los nuevos beneficios contemplados en la Ley.
Los voceros del sector industrial, uno de los que recibirá un mayor impacto de esta Ley, ha anunciado que para poder cumplir con la reducción de la jornada laboral a cinco días y dos días libres, para poder mantener sus actuales niveles de producción, no le quedará más remedio que contratar más personal para crear nuevos turnos de trabajo, de lo contrario se verán en la necesidad de reducir la producción entre 15% y 20%, lo que a la vez agudizará la situación de escasez y desabastecimiento de diversos productos.
En estos momentos, cuando ya las empresas no pueden soportar nuevas cargas, se aplica una norma que tiene un objetivo eminentemente electoral, que supone cargas económicas adicionales, en un entorno en donde existen rígidos controles de precios que restringen la rentabilidad de las empresas.
Se ha advertido asimismo, que en el momento de aprobar este instrumento, no se permitieron dimensionar el impacto que tendría en el sector manufacturero, sino también en el comercio y servicios. Asimismo, se señala que con los controles de precios y rentabilidad limitada, resultará cuesta arriba para muchas empresas contar con la liquidez suficiente para afrontar las nuevas obligaciones, crear nuevos puestos de trabajo y contratar nuevos turnos de trabajo.
En todo caso, esta nueva Ley va a representar un gran obstáculo para las propias metas de crecimiento de 5,5% del Producto Interno Bruto, que se ha propuesto el Ejecutivo Nacional, que aspira a impulsar la reactivación de la industria y de la producción de alimentos a través de la agricultura, por cuanto es poco probable que se pueda dinamizar una agricultura que no tiene financiamiento, tampoco insumos en cantidades suficientes y oportunas como es el caso de fertilizantes, herbicidas y otros agroquímicos que son fundamentales para revitalizar agrológicamente las tierras.
Se anuncia con gran algarabía, que la construcción pública registra un crecimiento de 29,6% en el primer trimestre; sin embargo, se minimiza que la construcción permisada demandada por el sector privado cayó en 10,6% afectada por la menor disponibilidad de insumos como cemento y cabillas, lo que repercutió en la menor ejecución de obras de carácter residencial y no residencial.
Nuevamente los altos voceros del Gobierno se comprometen a trabajar duro para frenar la inflación; sin embargo, no es profundizando los controles, ni estableciendo nuevas camisas de fuerza a la empresa privada, como se puede alcanzar este objetivo.
Lo cierto es que ya muchos dirigentes del sector laboral, quienes han comenzado a revisar con detenimiento, el contenido de la Ley Orgánica del Trabajo, comienzan a darse cuenta que no todo lo que brilla es oro, y que este instrumento, tal como lo ha señalado la empresa privada, no crea condiciones para la generación de nuevos puestos de trabajo, que es lo que en definitiva, más interesa.

Importaciones en aumento

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De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Banco Central de Venezuela, en torno al comportamiento de la Balanza de Pagos en el primer trimestre de este año, las importaciones de bienes registraron un crecimiento 48,5%, al ubicarse en US$, equivalente en términos absolutos a US$ 13.190 millones, lo que implica que de mantenerse esta tendencia, para el cierre del año estaremos hablando de un monto superior a los US$ 52.000 millones.
Mientras tanto, las exportaciones de bienes, se ubicaron en US$ 25.723 millones, incrementándose en un 23,6% frente al mismo período del año anterior (US$ 20.815 millones), monto que en su mayor volumen corresponde a las ventas de petróleo, ya que las exportaciones no petroleras tienen carácter marginal.
En todo caso, las importaciones van a continuar creciendo, por cuanto la producción nacional de carne se mantiene en alrededor del 48%, teniendo que importar el Ejecutivo, el 52% del consumo nacional; similar situación se presenta con el azúcar, ya que la producción nacional es insuficiente y se tendrán que importar alrededor de 950 mil toneladas y, para cerrar con broche de oro, si no se otorgan los recursos a los productores de café, la producción no podrá ser maximizada y apenas si alcanzará a 1 millón de quintales, planteándose la necesidad de importar 800 mil toneladas para atender el consumo interno; por supuesto las importaciones de leche en polvo andan en el orden de los 750 mil toneladas o algo más y de las oleaginosas, se importa cerca del 80% de los aceites y grasas que se consumen en el país.
De allí que no debe producir ninguna sorpresa, cuando se dice que nuevamente estamos en presencia de una economía de puertos.

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