Antes de plantearse cualquier iniciativa de reforma a la actual Constitución, aprobada en 1999, tiene que aclararse la incógnita procurada por la población venezolana de conocer el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Así lo expresa el doctor José Gregorio Zaá, profesional del Derecho, profesor universitario y experto en materia electoral, quien en declaraciones a El Impulso dice que Nicolás Maduro no habla de eso. El recurso contencioso electoral que interpuso él ante el Tribunal Supremo de Justicia, nunca se conoció, expone. Hay como una equivalencia entre el recurso de nulidad en el hecho electoral para alcanzar posteriormente su proclamación como presidente de la República y este proyecto de reforma constitucional.
Por cierto, encabeza la comisión de esa reforma alguien que no está facultado, que no tiene competencia, que carece de trayectoria jurídica para cumplir esa función, indica en relación al fiscal general nacional, Tarek William Saab. Y en las mismas condiciones se encuentra la señora Cilia Flores.
Al mismo tiempo, Hermann Escarrá, docente universitario y con una trayectoria jurídica de años, ha devenido a ser un miembro más en esa comisión que se va a encargar de elaborar el proyecto reformista de una Constitución, que ya cumplió un cuarto de siglo.
La Constitución en su preámbulo, la parte orgánica y en su estructura es un texto que se adecúa a los tiempos, sostiene el doctor Zaá. Yo veo la iniciativa presidencial como una forma de eludir la responsabilidad que tiene él, como presidente de la República, de aclarar lo que pasó el 28 de julio del año pasado antes de embarcarnos en una reforma constitucional, la cual para estos tiempos es inoportuna cuando lo indicado es aplicar principios constitucionales.
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En su propuesta genérica, pues no la ha dado a conocer en detalles, él dice que quiere hacer un Estado más dinámico que responda de manera más directa al ciudadano o lo que es lo mismo, quiere implementar eso que se ha denominado participación protagónica, que era una de las banderas de Hugo Chávez.
Si eso es así, ahí tenemos el marco normativo en los aspectos del texto constitucional, que permiten un protagonismo ciudadano importante, comenta. En este momento hay que desarrollar esas disposiciones constitucionales antes que reformarla. Hay aspectos que tienen que ser decantados, como por ejemplo el excesivo centralismo, que es producto de la forma de ser, primero de Hugo Chávez, y después del propio Nicolás Maduro.
Y cuando Maduro quiere implementar a troche y moche el Estado comunal, debe recordar que no pudo Chávez en su mejor momento, allá por el año 2007 cuando lo propuso en un referendo destinado a reformar la Constitución. Todo intento de reforma constitucional debe pasar por un filtro, por un tamiz, que es preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo en que se reforme o modifique el texto constitucional.
Cuando no lo logró Chávez, éste insistió en alcanzar la reelección indefinida y luego en las instancias de gobernadores y alcaldes. Al llegar a este punto debemos manifestar que uno de los aspectos medulares de la democracia es la alternancia en el ejercicio de las responsabilidades, y otro es rendir cuentas, para ninguno de los cuales es necesario la reforma de la Constitución.
Desde el 2007 para acá el gobierno se ha empeñado en embutir el Estado comunal, en meterlo a la fuerza, sin entender que somos un país con principios democráticos y nos costó mucho llegar a donde estamos.
Los problemas no se resuelven reformando normas, leyes y la propia Constitución, manifiesta el doctor Zaá. La revisión debe comenzar desde quienes ejercen responsabilidad pública.
Recordemos, por ejemplo, el denominado poder comunal y las comunas y preguntamos: ¿Qué son las comunas? ¿Cuántas, yo las defino así: entelequias políticas territoriales, funcionan? Hablan de miles de comunas, pero, ¿Dónde están? En el caso de Lara quisiera por lo menos conocer una o dos. Lo que sí está claro es que, desde el punto de vista político territorial como ámbito espacial, tienen como finalidad inocular el socialismo en Venezuela. Además de esas entelequias fueron formados los consejos comunales, los cuales fueron muy cuestionados porque la rendición de cuentas de los mismos no se dio, no obstante que desde 2008 hasta mediados del 2016 fueron decenas de miles de millones de dólares que recibieron a través de la ley del fondo de financiamiento creado con tal fin.
Sobre este particular recordemos que esos consejos comunales no hicieron nada porque fue un festival de rebatiñas de recursos, supuestamente para tratar de empoderar a gente del pueblo a través de esta figura, pero que echaron por la borda a las juntas de vecinos.
Conviene indicar que la figura de los vecinos no está derogada y tiene presencia en el texto constitucional vigente. El gobierno sustituyó la figura de las juntas parroquiales, desde el punto de vista de unidad desconcentrada, que permitía por vía electoral elegir a sus integrantes en los municipios y la desconcentración de competencias, no descentralización. La desconcentración de competencias permitía que las juntas parroquiales pudieran llevar a cabo funciones inherentes a los sectores y vecindades más necesitadas, a través de proyectos.
Y vamos a poner otro ejemplo en materia de participación que no ha dado resultados el Consejo Nacional Electoral, los proyectos presentados a través de una consulta popular hace unas semanas. ¿Por qué no dicen cuáles son los proyectos que se presentaron y específicamente hacia cuáles comunidades? Eso pasó sin pena ni gloria, pero hablan de miles de proyectos comunales y nada de la factibilidad para la ejecución si es que de verdad existen.
Uno de los aspectos fundamentales que cada gobernante debe precisar, como lo dice el texto constitucional, es la rendición de cuentas del ejercicio presupuestario correspondiente. ¿A cuánto alcanza el presupuesto del año 2025 en Venezuela? ¿Cuáles son las cifras precisas del endeudamiento? La rendición de cuentas del presidente, gobernadores y alcaldes tiene que ser ante el ciudadano, y no convertir los mensajes presidenciales, así como las memorias y cuentas de los gobernantes regionales y municipales en simples teatrillos para hacer política y que se les rindan loas y elogios.
Los ciudadanos se preguntan: ¿Dónde están las contralorías? ¿Dónde está el contralor general de la República? ¿Quiénes son los contralores de los estados? En el caso de Iribarren, ¿Dónde está el contralor del municipio capital de Lara? Del mismo modo se preguntan: ¿Dónde están las contralorías como órganos de vigilancia y fiscalización de los recursos de los consejos comunales? En líneas generales, ¿Dónde está el ejercicio de contraloría social por el poder ciudadano? Ahí es donde se debe empoderar al ciudadano. Ante toda esta situación es que debe prevalecer la información y la rendición de cuentas mucho antes que estar presentando proyectos de reforma constitucional.
En este momento son inútiles, innecesarios, inoportunos e impertinentes planteamientos para reformar una serie de artículos de la Constitución.
