En mayo del año 2024, Nicolás Maduro promulgó la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista”, que establecía una contribución especial del sector privado para -supuestamente- proteger las pensiones de los venezolanos.
De acuerdo con el Decreto Presidencial Nº 4.952 publicado el 16 de mayo de 2024, la ley de pensiones también establecía una contribución del 9% por parte del sector privado, que sería entregado al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ente encargado del cobro de impuestos.
Ya han pasado 9 meses y hasta la fecha, según explicó el abogado laboral Wilmer Barrios, perteneciente a la firma JCBA Legal en Venezuela, se desconoce a dónde están llegando los recursos o si los mismos han sido distribuidos por el Seniat.
“La información que manejamos es que los contribuyentes siguen cancelando el fondo de pensiones, equivale al 9% de los ingresos que perciba el trabajador, está entregándose ante el Seniat, que es el encargado de su recaudación, hay fiscalizaciones a aquellas empresas que no han cancelado, que no han podido declarar porque por alguna razón no tienen empleados”, explicó Barrios en entrevista con Fedecámaras Radio.
Sin embargo, pese a esas fiscalizaciones, no se sabe a dónde fueron a parar los recursos: “Adónde están llegando esos recursos, o si esos recursos se están distribuyendo entre las personas objetivo, no tenemos conocimiento”, agregó Barrios.
“Hasta ahora, a casi un año de la vigencia en la ley, la información que nosotros manejamos es que no ha salido un pago, bono, o hacia dónde van dirigidos esos fondos”, explicó el abogado laboral.
Wilmer Barrios consideró que el Seniat “no ha actuado de manera coercitiva hasta ahora con las empresas que no declaren tener un trabajador”, sino que han hecho una especie de “inspección”, y “han solicitado documentos para verificar por qué no se ha cancelado el impuesto”.
