Hoy, al cumplirse once años del asesinato del joven estudiante Bassil Da Costa, la organización no gubernamental Provea ha reiterado que el Estado venezolano sigue sin investigar a los responsables de las muertes ocurridas durante las protestas en contra del Gobierno de Maduro desde 2014.
Aquel 12 de febrero, Da Costa, de tan solo 23 años, se encontraba en una manifestación en Caracas cuando recibió un disparo en la cabeza, perpetrado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su muerte se convirtió en el símbolo de una lucha juvenil sofocada con violencia y represión.
Provea, a través de una publicación en la red social X, ha denunciado que, a pesar de las detenciones individuales de algunos funcionarios, la investigación nunca ha alcanzado a los niveles superiores de mando, dejando en evidencia la falta de justicia plena. “El Estado venezolano tiene una deuda con la investigación a la cadena de mando de estos crímenes”, señaló la ONG.
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Este caso es solo una pieza de un panorama más amplio. Desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia, Venezuela ha vivido varias olas de protestas que han dejado un saldo trágico de decenas de fallecidos.
Familiares insisten en una respuesta por las pérdidas
Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, las movilizaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 han sido reprimidas por cuerpos de seguridad. El Ejecutivo, por su parte, ha descalificado estas manifestaciones llamándolas «guarimbas» y ha negado las denuncias de represión desmedida.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha mantenido bajo investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde el 12 de febrero de 2014. La posibilidad de que la justicia internacional actúe ha sido una luz de esperanza para los familiares de las víctimas, quienes consideran insuficientes las medidas tomadas por el Ministerio Público venezolano.
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El fiscal general, Tarek William Saab, en funciones desde 2017, ha insistido en que el Estado ha investigado los crímenes ocurridos en las protestas y que los responsables identificados han sido procesados. En 2016, el comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho fue condenado a 29 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Da Costa.
Más de 300 jóvenes asesinados en protestas desde 2014
Las organizaciones de derechos humanos consideran que este fallo no representa justicia plena, pues la cadena de mando sigue sin ser investigada y la responsabilidad política de estos hechos sigue en la impunidad.
Ese fatídico 12 de febrero de 2014 no solo cobró la vida de Bassil Da Costa, sino también la de otras dos personas en circunstancias similares, todas víctimas de una represión letal que se repetiría en los años venideros. Hoy, once años después, el reclamo sigue en pie: verdad, justicia y memoria para quienes fueron asesinados por ejercer su derecho a la protesta.
