Un proveedor seguro y confiable de energía, debe volver a ser Venezuela, con su inserción internacional como un elemento clave en la geopolítica energética regional y mundial. Esto es posible en un país con estabilidad política y jurídica.
Así lo planteó el exdiputado de la Asamblea Nacional Elías Matta durante su intervención en el foro “Mercado Petrolero e Industria Petrolera Venezolana”, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, de manera telemática.
El exdiputado Matta precisó que es fundamental para la recuperación de la industria petrolera venezolana la participación del sector privado, por lo que es necesario promover, proteger y garantizar dicha participación, tal como lo establece la Constitución Nacional. Sostuvo que se debe acabar con el Estado como empresario y su enfoque rentista, afirmando que “deben quedar en el pasado los daños que ha causado al país”.
Sin embargo, considera que la participación del Estado en las ganancias de los hidrocarburos parte de la premisa de generar la rentabilidad requerida para los inversionistas y una justa remuneración para el Estado. “El sector de los hidrocarburos permitirá y garantizará la inversión privada, incluyendo la participación del capital nacional, sin excesiva intervención ni regulación discrecional por parte del Estado venezolano”, explicó.
Asimismo, afirmó que el desarrollo del gas debe ser un elemento central del crecimiento económico interno relacionado con los hidrocarburos en el país, garantizando el suministro de combustible al mercado interno. En materia de políticas públicas, Matta plantea el redimensionamiento y reestructuración de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para hacerla competitiva.
“No estamos de acuerdo con la eliminación de PDVSA; creemos que debe permanecer, pero necesita ser reestructurada en tamaño y operatividad. Ya no tenemos capacidad para manejar una industria de esa magnitud debido a la falta de recursos; por lo tanto, debe ser redimensionada”, indicó Matta.
Agregó que en este proceso de reestructuración, el tema laboral es clave. También propuso realizar ajustes en el marco fiscal, así como revisar el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y determinar regalías bajo esquemas flexibles y competitivos para estimular la inversión privada.
“Las operaciones en la industria de los hidrocarburos deben llevarse a cabo cumpliendo los más altos estándares ambientales. Se requiere una política de transparencia y tolerancia cero en la gestión y administración de los hidrocarburos en el país”, afirmó.
El exdiputado Matta considera esencial brindar seguridad y estabilidad jurídica, así como crear reglas claras para la participación del sector privado nacional e internacional en el negocio de los hidrocarburos. En ese sentido, explicó que para lograr estos cambios es imperativo establecer un nuevo marco legal para el sector petrolero en Venezuela que permita una industria más competitiva. “Necesitamos una nueva ley que nos permita adaptarnos a los nuevos momentos de la geopolítica mundial”, dijo.
Recordó que la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional trabajó durante más de dos años junto a expertos en este instrumento legal, que está listo para implementarse cuando cambie la política del país.
“Hemos elaborado una ley que abre la participación privada hasta un 100 por ciento; esto no significa que el Estado esté cediendo su control. El Estado puede mantener su empresa PDVSA y las áreas que desee conservar bajo su gestión; sin embargo, existen muchas áreas no desarrolladas donde se pueden establecer negocios con el sector privado, generando beneficios a través de impuestos destinados a la población”, explicó.
Por último, planteó algunas reflexiones necesarias para impulsar la industria de hidrocarburos del país: unificar y reorganizar toda la legislación existente sobre hidrocarburos en un solo marco jurídico para petróleo y gas; maximizar la producción mediante la industrialización interna del petróleo y gas para promover y financiar una transición energética; fomentar la participación del capital nacional en proyectos del sector; establecer un régimen económico atractivo que garantice inversiones privadas nacionales e internacionales; asegurar niveles razonables de participación fiscal para el Estado; promover un uso responsable de los recursos; proteger el medio ambiente; y separar los roles entre los diferentes actores del sector hidrocarburo.
