Venezuela ha resonado en los últimos años por la crisis humanitaria que azota al país en la última década, que ha empujado a millones de ciudadanos a salir del país en calidad de refugiados, buscando escapar de la represión política, falta de servicios públicos, delincuencia, inseguridad alimentaria e inflación.
Pero desde el 16 de enero de este 2025, el país cambió su papel en la historia. Miles de refugiados se movilizaron y entraron al municipio Jesús María Semprún del estado Zulia desde El Catatumbo, Tibú y La Gabarra del departamento Norte de Santander, en Colombia, para resguardar sus vidas en medio de una guerra entre guerrillas que dejó al menos 52 muertos y 50 mil desplazados dentro de Colombia, según un balance de la gobernación del Norte de Santander publicado el 3 de febrero.
La dramática situación llevó al gobierno de Gustavo Petro a declarar el estado de conmoción interior en el Catatumbo.
Un informe de la organización religiosa Cáritas de Venezuela indicó que varios venezolanos – que habitaban allí- y colombianos cruzaron en lanchas por el río Catatumbo, mientras que otros ingresaron por trochas en vehículos y motos, colgando banderas blancas, hasta llegar a los poblados de El Cruce y Encontrados en Zulia.
El Ministerio de Interior de Venezuela informó que las autoridades atendieron un total de 812 colombianos refugiados por las acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que alrededor de 1.000 personas se movilizaron a Venezuela.
”Entre las principales afectaciones, se destacan los ataques contra civiles, entre ellos, firmantes de paz y líderes comunitarios, y hechos como desapariciones, secuestros, homicidios selectivos, atentados, ocupación de viviendas de civiles, restricciones al paso de la misión médica”, precisó la OCHA sobre el conflicto.
En entrevista para Runrun.es, la investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y responsable del área de Derechos de Migrantes y Refugiados, Ligia Bolívar, expuso cuáles son las responsabilidades del Estado venezolano en esta crisis, más allá de recibir a los movilizados en el territorio.
A nivel internacional
La base del derecho internacional de los refugiados es la Convención de 1951 y su Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, donde se establece que estas personas tienen derecho de permanecer en el país de acogida y no ser devueltos a su país de origen (no devolución), a recibir educación, asistencia en salud, vivienda, empleo y familia, entre otros temas que el Estado receptor es responsable de garantizar.
Bolívar explica que no existe un protocolo exacto a seguir, pues ”cada Estado es libre de hacerlo de acuerdo con su propio mecanismo (…)”. El país receptor puede tomar las medidas que considere necesarias, con tal de que se asegure que estas personas tengan la protección internacional que requieren”.
Runrun.es ahondó con la investigadora si el país cuenta con los mecanismos y preparación para conflictos de este nivel.
”Venezuela no tiene ni siquiera los mecanismos para atender a su propia población, porque los ha desmantelado de manera deliberada (…) Lamentablemente esto es una emergencia dentro de la emergencia, pero eso no le niega responsabilidad al país”, respondió Bolívar.
También explicó que si una nación no cuenta con los medios para atender directamente este tipo de crisis, tiene la cooperación internacional de su lado para lograrlo, pero ‘‘Venezuela se ha cerrado a todo, incluyendo la cooperación internacional”.
El apoyo brindado
Reportes indicaron que cuerpos militares venezolanos, Protección Civil, miembros de la Iglesia católica – a través de Cáritas Machiques- y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y vecinos de las comunidades se abocaron a la ayuda de los refugiados.
”En las comunidades de llegada venezolanas se está generando una emergencia humanitaria por la falta de capacidad para atender el volumen de desplazados que llegan” que, según datos de Cáritas, eran alrededor de 1.000 personas.
El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, visitó el municipio Jesús María Semprún en medio de un operativo desplegado por el Estado venezolano para recibir a las ”familias desplazadas”. Allí indicó que proveyeron asistencia médica, traslados a hospitales o casas de familiares por su ”seguridad y bienestar”.
Seguidamente, el ministro calificó el operativo como una respuesta real y tangible a la crisis y ”aseguró que la comunidad local puede dar fe de los esfuerzos realizados”.
Bolívar explicó que lo hecho por el Ministerio en los primeros días, sí puede considerarse como una primera respuesta, mas ”son medidas básicas (…) el carácter de eso, si eso es suficiente o no, lo va a ir determinando la evolución del conflicto en Colombia”.
Indicó que el Estado debe pensar en las medidas a largo plazo, ya que es lo que permitirá garantizar un mínimo de protección a los refugiados, pues es un conflicto en desarrollo con grandes posibilidades de escalada.
Críticas a los gobiernos
El acto de Cabello resultó polémico en sectores colombianos por la cercanía entre el ELN y el gobierno venezolano, como señaló a través de un video la Revista Semana.
De acuerdo con la organización SOS Orinoco, el ELN tiene una presencia significativa en estados fronterizos de Venezuela. En el caso de Bolívar y Amazonas, el grupo participa en actividades económicas ilícitas como la minería ilegal, contrabando y narcotráfico, con permiso del gobierno venezolano, ya que ”opera como una fuerza paramilitar que protege al régimen”, declaró la ONG para Mongabay Latam, tras el anuncio de una operación militar conjunta entre ambos gobiernos.
”Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, publicó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X.
Esfuerzos de la comunidad
En su informe, publicado el 22 de enero, Cáritas Venezuela reportó que los refugiados fueron trasladados al poblado de Casigua El Cubo, en el municipio Jesús María Semprún, para ser atendidos en el estadio deportivo Alexis Durán, donde el Estado habilitó un refugio.
Por otro lado, agregó: ”Algunas familias llegan a la iglesia de las parroquias indicadas para solicitar ayuda; reciben diversos kits y luego la orden es que deben ser traslados al refugio en Casigua (el estadio), sin embargo, hay familias que se quedan en casas de la comunidad prefiriendo recibir la ayuda de Cáritas y de la comunidad”.
¿Desplazados o refugiados?
Para la investigadora, es importante remarcar que las personas que huyeron de la región del Catatumbo deben ser identificadas como refugiadas y no como desplazadas, ya que son estatus con tratamientos y protecciones diferenciadas.
”El desplazamiento es una figura que se aplica solamente en el ámbito interno de un Estado. No existe el desplazamiento internacional”, aclaró.
Bolívar explica que el derecho de no devolución a la zona de conflicto es la protección más importante sobre un refugiado. ”Por supuesto, si la situación se prolonga, se deben brindar los medios necesarios para que tenga la posibilidad de permanecer en el país, como documentos, acceso a derechos”.
También agrega que el Estado debe tener ”protocolos muy claros y muy estrictos en lo que tiene que ver con los supuestos retornos voluntarios, que a veces no son tan voluntarios. Y todo esto en coordinación con la cooperación internacional”, pues el Estado receptor no puede tomar la decisión de retorno unilateralmente.
”Existen organismos como Acnur, que son los que tienen mayor claridad en cuáles son los estándares que deberían utilizarse y los criterios que deberían salvaguardarse para evitar una acción con daño, en el caso de una devolución de personas (…) Para poner un caso más específico: personas a las que no se les da la opción del refugio y se encuentran entonces en una situación de vulnerabilidad en el Estado al que acudieron y se les dice que se tienen que ir de ahí…Eso no es un retorno voluntario. Eso es un cierre de opciones”.
