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Tras un polémico caso de acoso escolar que se viralizó en El Hatillo, estado Miranda, las alarmas se han encendido en todas las regiones del país y se han realizado diversos llamados de atención para crear mecanismos de prevención sobre situaciones como estas.
Yelena Martínez, abogada y especialista en ciencias penales y criminales, afirmó que hay un relajamiento en las normas por parte de padres e instituciones.
“Evidentemente hay un repunte con la influencia de las redes sociales, porque también hay un relajamiento en las normas por parte de los padres y las instituciones educativas”, comentó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.
Cuando se reportan estas situaciones en una institución educativa, hay un protocolo de actuación de los docentes, directivos e incluye la intervención del Consejo de Protección del Menor, las Defensorías Educativas y el Ministerio Público. Pero la abogada Martínez sostuvo que “sin denuncias pertinentes, se hace imposible visibilizar la acción que en adelante se convierte en violencia permanente”.
“El Estado tiene una red que comprende las instituciones, familia y a la sociedad en general para atacar estos casos”, puntualizó la entrevistada.
Según Martínez, las fallas comienzan en el hogar, pero la omisión sigue en algunas instituciones educativas.
“Contra el agresor se activa en su momento el sistema de protección y a veces el docente se abstiene de llamar la atención por miedo a que, contra él, se active algún tipo de sanción”, destacó.
Sanciones penales comienzan desde los 14 años de edad
La especialista en derecho penal, mencionó que la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) es de las principales bases jurídicas para enrutar estos casos en los organismos correspondientes.
Martínez aclaró que ya se aprobó una ley especial ante este repunte de casos. “Está en discusión en la Asamblea Nacional, y fue con visto bueno en primera instancia para proteger y penalizar estas acciones”.
La edad de responsabilidad penal en Venezuela es desde los 14 años. “A partir de allí el mecanismo penal se activa y puede imputarlos al investigar el hecho, son llevados a juicio y reciben una sanción (no pueden recibir sentencia por su edad y ser personas en formación)”, explicó.
En este caso, Martínez explicó que un joven agresor podría recibir una sanción máxima de cinco años en Venezuela, a diferencia del sistema penal ordinario que incluye hasta 30 años en adultos.
“Entre los 15 y los 20 años, el adolescente pierde tiempo de vida valioso en esas situaciones y esa es la lección más importante en esas sanciones: cumplen una función extraordinaria por su dureza a resarcir el daño causado”, remarcó.
También habló sobre el Ciberacoso a nivel de consecuencias legales para el menor, afirmando que “solo con una pena no se resuelve este problema multifactorial de la sociedad venezolana, pues hay que abordar otros problemas sociales de fondo, con políticas efectivas y desde el hogar”.
Recientemente el fiscal general, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha recibido más de mil denuncias de acoso escolar en los últimos tres años.
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