La activista de derechos humanos e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Sairam Rivas, alertó sobre un intento de “persecución y criminalización” contra los familiares que actúen o declaren abiertamente contra las “graves condiciones de reclusión” que atraviesan sus parientes en las cárceles del país.
Durante una rueda de prensa realizada este martes por madres, esposas y allegados de personas detenidas antes y después de los comicios del 28-J, Rivas señaló que en este momento la única voz con la que cuentan los presos políticos que están “silenciados” es, precisamente, la de sus seres queridos.
“Queremos hacer un llamado para que no pretendan criminalizar y perseguir la lucha de los familiares. Quienes están acá son esposas, madres e hijas y, ahora, el sostén de hogar y las responsables de (cuidar) niños y personas mayores, quienes se encuentran desprotegidos al estar detenidos injustamente (los presos políticos)”, apuntó Rivas.
Más señalamientos
Según denuncias hechas en los últimos meses, varios funcionarios y autoridades carcelarias habrían amenazado con endurecer las condiciones de reclusión de algunos presos si sus parientes insistían en hablar públicamente sobre sus casos.
“Pretender criminalizar y perseguir la lucha de los familiares de los presos políticos en Venezuela, es una demostración más que ellos (las personas detenidas) no son terroristas y que el terrorismo está del lado del régimen”, dijo.
“Pretender criminalizar y perseguir la lucha de los familiares de los presos políticos es una demostración más que ellos no son terroristas”, dijo Sairam Rivas, integrante del Clippve / Foto: X / @ clippve
Agregó Rivas que tales amenazas no se pueden permitir. Exigió la libertad plena para todos los presos políticos de Venezuela -actualmente son más 1 mil 500- y que mientras se encuentren en esta situación puedan tener acceso a visitas y a llamadas.
El Clippve denunció que en los distintos penales del país se estarían registrando casos de torturas, tratos crueles y “aislamiento prolongado” que constituyen delitos de lesa humanidad.
“Como familiares vamos a continuar organizándonos y haciendo estas exigencias hasta que se les garanticen sus derechos”, sentenció Rivas.
Rechazan amedrentamiento
Para activistas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la otra cara de la moneda de los casos de violaciones de derechos humano ha sido la de los familiares Ellos no solamente deben lidiar con la ausencia y la distancia de sus seres queridos haciéndose cargo de sus hogares, sino, además “endeudarse para costear los pasajes” para hacer visitas a cárceles que se encuentran en regiones distantes, incluso para, finalmente, no poder ver a sus parientes presos porque se encuentran aislados, generando todo esto cuadros de ansiedad, depresión y estrés.
Francy Fernández, esposa del periodista y activista social, Carlos Julio Rojas, rechazó los intentos de amedrentamiento contra los familiares que declaran sobre los casos de los presos políticos.
“Es increíble que todos los que están (en esta rueda de prensa) vayan a salir de acá con miedo. ¿Cómo pretende el Gobierno que los familiares no levantemos la voz? ¿Cómo pretenden si no permiten que los presos políticos tengan un abogado privado para que los defienda? Estamos luchando para que se den condiciones para que ellos puedan salir de allí, porque ninguno de ellos es delincuente. Todos son inocentes”, señaló Fernández.
Aurora Silva, esposa del dirigente de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, quien actualmente se encuentra recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, denunció que no ha podido ver a su esposo desde que fue detenido el pasado 30 de julio, y que sólo se permite la entrega de paquetería con artículos que necesite.
Sin certezas
“Nadie de su familia ha podido verlo y mucho menos tener acceso a una defensa privada. Yo exijo como madre y como esposa que mis hijas puedan ver a su papá”, acotó.
Silva dijo haber acudido a distintas instancias nacionales, pero no ha sido informada oficialmente sobre el caso.
“Alegan una y otra vez que lo de Freddy Superlano es un ‘caso pesado’ y que amerita la autorización directa del Presidente. Es decir que tengo que esperar a que alguien llame y autorice la visita a Freddy”, relató.
Mientras, Adriana Briceño, esposa del activista político, Ángel Godoy, relató que luego de 20 días desaparecido, ninguna autoridad ha podido darle respuesta sobre el paradero de su esposo. Apuntó que Godoy, al momento de ser detenido acababa de salir de un cuadro de Covid y de bronquitis aguda y debía ser medicado.
“Nosotros, sus familiares, su hermana su hijo, todos necesitamos saber dónde está. Exigimos saber dónde está”, sentenció Briceño.
