El exparlamentario y defensor de derechos humanos Rafael Narváez ha realizado una fuerte denuncia sobre el estado del sistema de justicia en Venezuela, calificando el daño causado a la Constitución y a los derechos humanos como «irreparable».
Narváez argumenta que la falta de independencia de los poderes públicos y la politización del sistema judicial son los principales obstáculos para el acceso a la justicia y la garantía de los derechos fundamentales.
Politización del sistema judicial
Narváez señala que la situación más grave para los derechos civiles, políticos y las garantías constitucionales es la existencia de un sistema de justicia con «militancia política» y sometido a «disciplina partidista».
Según Narváez, este sistema, en alianza con cuerpos de seguridad del Estado, actúa para «callar las diferencias y limitar el derecho a manifestar pacíficamente», contraviniendo el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), denuncia el coordinador de la defensa por los derechos civiles.
Violaciones a los derechos humanos
El defensor de los derechos humanos denuncia una serie de acciones que califica como «atrocidades» y «represión», perpetradas por el sistema de justicia, que, lejos de ser un garante de derechos, se ha convertido en un instrumento de represión, «ejecutando detenciones arbitrarias, ocultando información del paradero a sus familiares», recalcó.
Asimismo, denuncia «tratos crueles e inhumanos con torturas en los centros de detención, como el Helicoide», al que se refiere como «cuna de la tortura». Además, menciona la reapertura de «otros que permanecían clausurados», como Tocorón y Tocuyito para «albergar adolescentes que alzaron su voz en reclamo de la soberanía popular que se expresó a través del voto el pasado 28 de julio».
El Sistema de Justicia como adversario de los DDHH
Narváez enfatiza que al ignorar las atribuciones, facultades y competencias establecidas en la Carta Magna, el sistema de justicia se convierte en el «adversario más letal de los derechos humanos de toda nuestra sociedad». Esta afirmación subraya la gravedad de la situación y la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
Por otra parte, el exparlamentario critica la contradicción entre el discurso oficial que enarbola «las banderas de la Paz» y la ejecución de «políticas represivas» con el uso de militares y cuerpos de seguridad. Esta represión se dirige a «silenciar con represión y detenciones los reclamos justos de ciudadanos y dirigentes políticos», incluyendo a periodistas que son encarcelados por ejercer su profesión.
Narváez concluye que «el camino de la paz no se construye con cárcel, por el contrario, se inicia el camino con tolerancia y justicia imparcial». Esta frase resume su llamado a un cambio de rumbo en las políticas del Estado, priorizando el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
