La velocidad de los vehículos en las vías terrestres está acabando con las nuevas generaciones en el país, ya que aunque oficialmente no hay cifras, de acuerdo con los datos que se tienen extraoficialmente cada año mueren más de diez mil personas a consecuencia de las lesiones sufridas en los accidentes de tránsito.
Desde hace ya varios años esta voz de alarma, preocupación y advertencia la ha venido repitiendo, en forma incesante, a través de la televisión y los medios informativos el doctor Armando Sánchez, epidemiólogo, docente universitario con experiencia en la administración pública porque fue gobernador de Amazonas y, como tal, trató al igual que lo hizo previamente la señora Dori Parra de Orellana, cuando esta recordada y respetable dama estuvo al frente de la gobernación de Lara, de frenar los accidentes de tránsito mediante la aplicación del Decreto 14 del Ejecutivo Regional.
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El mencionado decreto que puso orden en Barquisimeto, principalmente; y en el resto del estado, consecuencialmente; fue anulado por la entonces Corte Suprema de Justicia porque sobrepasaba la Ley de Tránsito; pero, el despertar de la conciencia que había originado, volvió a sumirse en el sueño y afloró una vez más la irresponsabilidad de los conductores.
Ese gran número de muertes puede evitarse si prima la conciencia ciudadana, sostiene el doctor Armando Sánchez apoyándose en sus análisis filosóficos, políticos, económicos, biofísicos, epidemiológicos, administrativos y, desde luego, preventivos. Si bien Aristóteles nos enseñó que el hombre —-el ser humano en general— es un animal político y, como tal, interesado en todo lo relacionado con las actividades de su comunidad, Platón en su obra La República plantea que se debe educar a todos los ciudadanos con el fin de que estos respeten los derechos, comenzando por la vida, dice el doctor Armando Sánchez.
Nuestra Constitución establece en sus artículos 43, 46 y 55 principios inobjetables como el derecho a la vida, el derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral; y el derecho a la protección por parte del Estado, a través de los organismos de seguridad ciudadana.
Todos esos derechos se están perdiendo por la falta de conciencia en la conducción tanto de vehículos de carga y transporte de pasajeros como por los que utilizan motos y se desplazan como almas que lleva el diablo, sin miramiento alguno, sin respetar las leyes de tránsito y sin pensar en sus propias vidas, ni mucho menos en la de los demás, acota nuestro entrevistado.
En este orden de ideas, el doctor Armando Sánchez define todo accidente de tránsito como un acto de violencia perpetrado por un individuo y permitido por el estamento social. Es así como el conductor de un vehículo, sea de dos ruedas, de cuatro o de muchas más, en forma inconsciente pero no intencional, asesina a otro o más seres vivos u ocasiona lesiones, causa daños materiales y produce una serie de problemas al Estado y a sus víctimas o familiares de éstas, si es que él, en su afán de presionar el acelerador, no perece en el accidente.
El impacto que tiene un vehículo contra un ser humano que atraviesa una calzada tiene efectos de diversos tipos en el cuerpo humano: lesiones temporales o permanentes, afectaciones psicológicas, problemas laborales, costos elevados no sólo para la víctima y sus familiares, sino también para la empresa donde trabaja, costos al Estado que está obligado a proveer el servicio de salud, y otros.
El doctor Armando Sánchez llama la atención acerca de los costos de cama hospitalaria, de horas-médico, horas de asistencia enfermería, insumos médicos, antibióticos, clavos, ultrasonido, atención de especialistas en traumatología, neurocirugía, intervenciones quirúrgicas y en fin, el tratamiento adecuado para que el paciente pueda retornar a una vida normal o relativamente normal.
Si hubiera conciencia por parte de los conductores y una política de prevención ciudadana y del Estado, indudablemente, que se podrían evitar los innumerables accidentes de tránsito que se suceden las 24 horas de cada día, se evitaría el sufrimiento de las víctimas y el de sus familiares, así como se evitaría la pérdida de vidas que, generalmente, es de personas menores de los treinta años, precisamente en la edad que pueden ser más útiles para ellas mismas, sus familias y el país, abrevia sus declaraciones el doctor Armando Sánchez.
