Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, anunció este lunes que la comisión delegada del Poder Legislativo, aprobó que se solicite ante el Ministerio Público la aplicación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra integrantes del Parlamento de 2015.
«Aprobaron una cosa inconstitucional, pero para no votar, para no convocar a las supuestas y supuestos diputados, dicen que hubo una sesión secreta el 14 de diciembre de 2024, secreta quiere decir inexistente», indicó.
«El articulo 138 de la Constitución de la Republica establece toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En este caso es una autoridad usurpada pero además secreta e inexistente», agregó.
En este contexto, dijo Rodríguez: «Debe aplicarse a la señora Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez lo que está establecido en materia de inhabilitación política, en materia de Ley de Extinción de Dominio y orden penal por esta demostración de infamia».
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En un discurso, acusó a los legisladores de cometer «crímenes» y percibir ingresos provenientes de recursos de la nación.
«(Tienen una) vida de ricos, famosos y reyezuelos en España, Estados Unidos y otros países del mundo. Eso es un crimen, eso es una violación flagrante de lo establecido en la Ley Orgánica Simón Bolívar», declaró Rodríguez.
Hizo un llamado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para que tome medidas contra los señalados, lo que podría incluir además la extinción de dominio sobre sus bienes y la apertura de causas penales.
«Solicito el apoyo de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para que yo pueda comunicarme ante el fiscal general de la República y aplique de manera inmediata a estos criminales, ladrones, delincuentes y rateros la Ley Simón Bolívar», dijo.
Jorge Rodríguez aseguró asimismo que los diputados opositores de 2015 son responsables de actos que, manifestó, han perjudicado «gravemente» a Venezuela y violado las leyes del país.
Ley Simón Bolívar en Venezuela
La Ley Orgánica Simón Bolívar es una legislación aprobada en noviembre por la Asamblea Nacional electa en 2020 que establece sanciones severas, incluyendo penas de hasta 30 años de prisión, inhabilitación política de hasta 60 años y la confiscación de propiedades, para quienes promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de sanciones contra el país.
