La ONG venezolana Provea pidió este jueves que se otorgue una medida humanitaria para los llamados «presos políticos» en Venezuela, cifra que, según la organización Foro Penal, alcanza los 1.877 detenidos, tras las liberaciones de las últimas semanas.
La solicitud llega en un contexto de creciente preocupación por la situación de derechos humanos en el país, en especial tras las detenciones ocurridas luego de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales fueron cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional.
A través de un mensaje en la plataforma X, Provea subrayó que los «presos políticos» necesitan urgentemente una medida humanitaria que les permita recuperar sus vidas y reunirse con sus familiares, amigos y seres queridos. «Aún estamos a tiempo», señaló la ONG, que también hizo un llamado para que estas personas puedan celebrar una Navidad sin estar privados de su libertad, un deseo que apunta a la importancia de respetar los derechos fundamentales en medio de un escenario político altamente tenso.
La mayoría de los detenidos tras las protestas de julio, que surgieron como respuesta a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, se encuentran encarcelados desde entonces. Diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado que, aunque muchos de los detenidos no participaron activamente en las manifestaciones, fueron arrestados de manera arbitraria. En contraste, la Fiscalía General de la República ha calificado a los detenidos como «terroristas», acusándolos de generar «violencia» y «vandalismo» durante las protestas.
En una reciente actualización, la Fiscalía informó que 533 personas detenidas tras las elecciones fueron excarceladas, como resultado de una solicitud al Poder Judicial para revisar las medidas de 179 nuevos casos. Esta liberación se sumó a las 354 liberaciones previas en las últimas semanas. Sin embargo, este proceso de excarcelación ha coincidido con nuevas detenciones, incluidas las de dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, el exconcejal de Caracas Jesús Armas, el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, y el activista Luis Palocz.
El Gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, insiste en que no existen «presos políticos» en el país, y sostiene que aquellos que están encarcelados son responsables de delitos penales, por lo que deben cumplir con las penas correspondientes según la ley.
