El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que al menos 25 adolescentes permanecen detenidos en Venezuela, varios de ellos tras las protestas que siguieron a las recientes elecciones presidenciales. Óscar Murillo, coordinador de Provea, alertó sobre la difícil situación de los menores detenidos en el contexto poselectoral y expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran.
Según Murillo, inicialmente se habían reportado al menos 80 menores detenidos, aunque tras varias excarcelaciones, la cifra actual oscila entre 25 y 30 adolescentes todavía privados de libertad. «Hay una presión importante con el tema de los adolescentes, lo que ha hecho que el gobierno vaya levantando, de goteo, esa olla de presión (…) creemos que todavía hay entre 25 y 30 detenidos. El llamado es que continúen las excarcelaciones, las que no deben ser vistas como una especie de regalo», comentó el activista en una entrevista para VPITV el 18 de diciembre.
Además, Provea ha documentado casos graves de abuso y tortura entre los adolescentes detenidos, algunos de los cuales habrían sufrido maltratos físicos y psicológicos. «Hay personas que han relatado lo que les ha pasado y de ahí nos hemos podido enterar y documentar casos en los que hubo torturas, maltrato, menores que pasaron todo un día bajo el sol con la cabeza rapada, y que les evitaron jugar entre ellos. Hay una serie de maltratos que va acompañado con lo injusto de la detención», agregó Murillo.
Opacidad en las Excarselaciones de Presos Políticos
El activista también denunció la falta de transparencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro en relación con las excarcelaciones de los presos políticos en Venezuela. A pesar de que las autoridades informaron sobre la liberación de 225 personas, Provea ha logrado verificar solo 150 casos. Murillo señaló que muchas familias aún siguen visitando la sede del Ministerio Público en Caracas para obtener información sobre el estatus de sus seres queridos.
«La opacidad es parte del problema, ya que las autoridades deberían proporcionar una lista oficial de las personas excarceladas. Las familias siguen buscando respuestas sobre el paradero de sus familiares», concluyó Murillo.
