El fiscal General, Roger Mariaca, anunció este martes que pedirá seis meses de prisión preventiva en el momento en que se haga efectiva la orden de arresto que el expresidente resiste desde el 16 de octubre, en relación con una investigación de abuso sexual que involucra su presunta paternidad con una niña de 15 años.
La orden de arresto, que aún debe ser aprobada por un juez, fue emitida después de que Morales desafiara una orden de testificar en el caso. Además, la fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, convirtió el lunes la investigación a Morales por “trata de personas para facilitar la prostitución” en una imputación formal.
Morales, un expresidente que gobernó Bolivia durante 13 años hasta 2019, ha estado escondido en la zona rural de Chapare, rodeado de partidarios leales, desde que surgieron los primeros rumores sobre su arresto en septiembre.
Se alega que Morales, de 65 años, tuvo un hijo con una adolescente en 2016, una relación sexual que habría constituido una violación legal según la ley boliviana.
Evo Morales ha repudiado toda acusación
Morales no ha comentado aún sobre la orden de arresto, pero anteriormente negó cualquier irregularidad y acusó a su sucesor elegido personalmente, su compañero izquierdista Luis Arce, de conspirar con sus enemigos para impedirle presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.
La supuesta víctima del caso de estupro no ha declarado ante las autoridades y está en la clandestinidad, junto con su madre. El padre, en cambio, se encuentra en prisión desde octubre. En ausencia de una denuncia, la prueba a la que los fiscales se aferran es un certificado de nacimiento de una niña, supuestamente firmado por Morales y por la madre menor de edad en 2017. El expresidente no ha querido referirse al mismo y tampoco lo ha negado.
“Es un plan oscuro para eliminarme política y físicamente”, dijo anteriormente Morales.
El lunes, la policía fue repelida en un enfrentamiento con partidarios de Morales, quienes acusaron a las autoridades de actuar violentamente.