El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó que entre la noche del lunes 16 de diciembre y la madrugada de este martes, se oficializó la excarcelación de 11 detenidos en el contexto de las manifestaciones poselectorales que estaban recluidos en el Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito.
Según declaraciones de los familiares de los detenidos, el pasado lunes iniciaron jornadas médicas, luego de que entraron al menos siete ambulancias al penal. La organización asegura que en este centro penitenciario «han fallecido dos personas privadas de libertad en el contexto de protestas poselectorales, en menos de 72 horas y hasta el momento se desconoce información oficial al respecto».
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Además, el OVP insta a que se inicie una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva en la cárcel de Tocuyito luego de los hechos suscitados, añadiendo que La salud de los detenidos es responsabilidad del Estado venezolano. «Exigimos la libertad sin restricciones para todos los detenidos antes y después de las elecciones presidenciales«, agregó la organización en su declaración a través de la red social X.
Gobierno venezolano intensifica su intimidación a familiares
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado una escalada de la represión por parte de fuerzas del Estado venezolano contra las familias de presos políticos, especialmente aquellas con hijos adolescentes. A través de amenazas directas y hostigamiento, las autoridades buscan silenciar las voces de quienes denuncian las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en las cárceles venezolanas.
Según el OVP, las familias de los presos políticos están siendo obligadas a callar y a no dar información a las organizaciones de derechos humanos, ni a los medios de comunicación. Quienes se atreven a denunciar la situación de sus familiares son amenazadas con la suspensión de las visitas o con represalias en contra de sus hijos detenidos.
Las autoridades venezolanas han justificado estas acciones bajo una narrativa en la que están acusando a las familias, de formar parte de un supuesto «plan para desestabilizar el país«, de cara a la toma de posesión del 10 de enero. Esta comunicación, según el OVP, busca desviar la atención de la verdadera crisis humanitaria que vive Venezuela y criminalizar a quienes buscan justicia.
Humberto Prado, director del OVP, ha denunciado que estas acciones son una clara violación de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Prado ha señalado que el régimen venezolano está utilizando el miedo y la intimidación para silenciar a sus críticos y consolidar su poder.
La comunidad internacional ha condenado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro continúa impune, lo que demuestra la necesidad de una mayor presión internacional para que se respeten los derechos humanos en este país.
