En una reunión, celebrada ayer en la mañana en la sede del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del estado Lara, fue presentado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del estado Lara el informe sobre violación de los Derechos Humanos los días 15 y 16 de abril, durante las protestas pacíficas y democráticas, en las inmediaciones de la sede del Consejo Nacional Electoral.
Al intervenir el coordinador regional de la MUD, Macario González, expuso que no podía ser motivo de satisfacción la presentación de un documento de esa naturaleza porque lo normal es que en una sociedad democrática cualquier ciudadano pueda expresar lo que sienta sin temor alguno y mucho menos estar expuesto a ser víctima de agresiones, vejámenes y torturas.
Dijo que el Gobierno habla de democracia protagónica y participativa, pero sus actuaciones tienen sesgo fascista, ya que reprime a los ciudadanos cuando éstos ejercen el derecho a disentir.
Su actuación se caracteriza por perseguir, hostigar y llegar hasta la privación de la libertad y la tortura a quienes protestan.
Aunque mantenemos el discurso de la reconciliación, no podemos aceptar la impunidad en los hechos denunciados, manifestó el profesional del Derecho.
Dos comisiones
Correspondió al diputado Guillermo Palacios dar a conocer el informe, en el cual se denuncia la detención de 62 ciudadanos y ciudadanas. Hubo más de 50 personas lesionadas.
La MUD designó dos comisiones: la primera coordinada por el abogado Ángel Alfredo Ocanto para que integrara a los profesionales del Derecho necesarios para la defensa de los detenidos en los tribunales de control respectivos. La segunda coordinada por Guillermo Palacios e integrada por Gladys Suárez, los diputados Sagrario Pérez, Roberto Sánchez y Leonardo Torres, así como Alexis Lamazares, Zulay Gómez, Erika Camacho, Víctor Martínez y Alfredo Aliff, para que acompañaran a los heridos y sus familiares en el proceso de interposición de las denuncias en la Fiscalía General de la República en la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Conclusiones
Las comisiones abordaron las actividades correspondientes y llegaron a las conclusiones siguientes:
-Las fuerzas de seguridad violentaron en el procedimiento Derechos Humanos garantizados universalmente como el derecho de expresión e información; a manifestar pacíficamente y sin armas: a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles e inhumanos; a que se respete su integridad física y psíquica y que toda persona privada de su libertad sea tratada con respeto a su dignidad de ser humano.
-Se violentaron garantías procesales fundamentales como el debido proceso y el acceso de los detenidos a tener en forma inmediata contacto con los familiares y abogados de confianza.
-La Guardia Nacional Bolivariana utilizó la fuerza en forma indiscriminada y desproporcionada, lo cual trajo como consecuencia una cantidad de heridos graves y detenciones arbitrarias.
