Aunque evidentemente no eran dirigentes de partidos políticos, ni siquiera eran personas conocidas públicamente, pero habían sido detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado, desaparecidos forzosamente y trasladados de sus estados a Tocuyito, cárcel ahora de presos políticos, donde después de ser consumidos por sus enfermedades, murieron; las muertes de Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González Pérez, han sido noticia que le han dado la vuelta al mundo y dejan muy mal parado al gobierno de Nicolás Maduro .
Ahora sí le corresponderá al fiscal general de la República, abogado Tarek Williams Saab, cumplir a cabalidad sus funciones. Es decir, investigar exhaustivamente cada uno de los casos de acuerdo a los artículos específicos de la Constitución Nacional, expresa en declaraciones a El Impulso, el profesor Armando Prado, coordinador regional de Izquierda Democrática, quien a continuación hizo las precisiones siguientes:
Primero, ninguna persona puede ser arrestada sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti, reza el artículo 44 de la Constitución. Todos ellos, según sus familiares, fueron arrestados a comienzos del mes de agosto, poco después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Martínez Medina había sido testigo en una mesa, derecho que establece la Constitución a todos los ciudadanos porque corresponde a la participación. Jesús Rafael Álvarez fue apresado junto a su esposa en El Callao, estado Bolívar. Y González Pérez junto a su hijo de 19 años, aquí, en el estado Lara. A ninguno de ellos se le detuvo con una orden judicial, sino que se los llevaron presos en clara violación a la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Segundo, toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así lo reza el artículo 46 de la Constitución. No fue así en ninguno de los tres casos, a sabiendas que los tres presos estaban enfermos.
Tercero, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte al derecho a la vida, ordena el artículo 83 de la Constitución. Los familiares de los tres presos denunciaron cuando ellos se encontraban enfermos que necesitaban asistencia y tratamiento médico; pero también denunciaron que ninguna autoridad les atendió e hizo cumplir ese artículo.
Cuarto, el derecho a la vida es inviolable, garantiza la Constitución en su artículo 43. Y ese mismo artículo es muy enfático al decir que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Como la Constitución nos garantiza el derecho de expresión y de solicitar peticiones a las autoridades, peticiones que deben ser respondidas como lo establece el artículo 51, los ciudadanos y particularmente Izquierda Democrática solicita a la Fiscalía General de la República que abra una investigación exhaustiva a todos los funcionarios involucrados en la detención y en la custodia de las tres personas fallecidas, porque todas ellas tienen responsabilidades muy graves que ameritan las sanciones contempladas en la ley.
En vista de que las altas autoridades de Venezuela tienen una amplia investigación por crímenes de lesa humanidad, a la cual deben sumarse estas tres muertes, y los ojos del mundo están puestos en esos lamentables y condenables casos, conviene que en esta hora se haga la investigación y utilizando las palabras condenatorias del presidente Nicolás Maduro, la ley debe ser aplicada caiga quien caiga, terminó sus declaraciones el profesor Armando Prado. No puede haber contemplación, ni solidaridad partidista, ni mucho menos impunidad porque esos casos están dejando muy mal parado al gobierno revolucionario.
