En una solicitud remitida este lunes a José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), diputados de la bancada opositora en la Asamblea Nacional solicitaron «el inicio de todas las gestiones necesarias con el fin de preservar la institucionalidad democrática», ante los hechos de violencia ocurridos en el hemiciclo del Parlamento, lo cual estiman afecta el desarrollo político institucional democrático del país.
La misiva está firmada por los parlamentarios María Corina Machado, Dinorah Figuera, Edgar Zambrano, Carlos Berrizbeitia e Hiram Gaviria.
Los planteamientos en los cuales se basa la petición son hechos denunciados como agresiones directas a los representantes de la alternativa democrática, por parte de los miembros de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre los cuales se encuentra: la negación del derecho de palabra a aquellos diputados que no reconocieran el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 14 de abril, la destitución de los cuatro diputados opositores que ejercían la presidencia de las comisiones técnicas del Parlamento, y la agresión directa de la cual fueron víctimas diputados opositores, quienes fueron golpeados por representantes del oficialismo el pasado 30 de abril.
Los parlamentarios Michael Reyes, Nancy Ascencio, Juan Carlos Alemán, Jhovanny Peña, Jesús Farías y Claudio Farías, fueron los pesuvistas señalados de “atacar vil y violentamente a diputados opositores”, siendo más gravemente heridos los diputados Julio Borges, María Corina Machado y Américo de Grazia.
Recordaron a Insulza que ante estos hechos manifestó su rechazo al afirmar que «refleja, de manera dramática, la ausencia de un diálogo político que pueda dar a la ciudadanía y a los integrantes de los poderes públicos para resolver, en un clima de paz, los asuntos pendientes de ese país». Además del secretario general de la OEA, los gobiernos de Estados Unidos, Paraguay y Perú, se han pronunciando en contra de los hechos, con el ofrecimiento de España de mediar ante la crisis política que se presenta en el país.
De igual forma, en su artículo 6, la Carta Democrática Interamericana reconoce la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho y una responsabilidad, así como una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Por lo cual, concluyen que todo ciudadano o ciudadana debe estar debidamente representado ante los órganos de poder donde se toman decisiones sobre el curso del Estado y de los derechos de la ciudadanía, de forma que no puede haber lugar para exclusiones, censuras ni violencia, sino para el entendimiento democrático.
En la comunicación, se apela al funcionario a aplicar lo establecido en el artículo 18 del mencionado instrumento, a los fines de que a través de los buenos oficios de José Miguel Insulza se logre la restitución del orden de la democracia en Venezuela.
