Este martes 9 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, quienes son actualmente los Ghandi, Mandela, Rosa Parks y Malala, personas comunes, abogados, educadores, comunicadores sociales, sindicalistas, activistas y en general todas y todos los que se preocupan por defender nuestros derechos y nuestras libertades, según lo sostiene la Organización de las Naciones Unidas.
Conviene recordar que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” perpetrados durante la segunda guerra mundial.
El Impulso en la celebración de este día entrevista al sociólogo y docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), creador en esta institución de la cátedra de Derechos Humanos y vocero de la Red Larense de Defensores de los Derechos Humanos.
¿Qué significación tiene en este momento ser persona defensora de los Derechos Humanos cuando existen obstáculos para cumplir esa función, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG y entidades afines, además de que hay defensores de los Derechos Humanos perseguidos por los cuerpos de seguridad, apresados y encarcelados, sin que les haya hecho juicio, no obstante ser acusados, entre otros delitos, de terroristas y traición a la patria?
Hoy en Venezuela, asumir el rol de defensa de los Derechos Humanos comporta una gran responsabilidad, porque nuestro pías atraviesa la profundización de una emergencia humanitaria compleja, que tiene más de 15 millones de personas con carencias de satisfacción de sus necesidades básicas en medio de un desmantelamiento de los servicios básicos de salud, agua, electricidad, gas, gasolina y transporte.
En medio de ese marco de personas con necesidad de asistencia humanitaria, las defensoras y los defensores de los Derechos Humanos cumplimos un rol muy importante, porque acompañamos a las víctimas; documentamos las situaciones extremas que están viviendo; y nos movilizamos por las personas que están al borde del agravamiento de sus enfermedades y el fallecimiento, por cuanto la emergencia humanitaria se traduce en que innumerables seres humanos no tienen lo mínimo de su existencia, su alimentación, los recursos para garantizar su salud, los medicamentos y los insumos en casos de que requieran intervenciones quirúrgicas.
Defensoras y defensores no sólo somos las voces de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino la compañía de millones de personas vulnerables. Y nuestra actuación implica cada vez correr más riesgos en cuanto a la integridad física, psicológica y, desde luego, la libertad, porque el conjunto de leyes, normas y procedimientos que aplican los órganos del Estado están dirigidos precisamente a que no actuemos como es nuestro deber.
Cualquier defensora o defensor de los Derechos Humanos que no denuncie, por ejemplo, la situación crítica en un hospital en relación a la mala atención a los pacientes se expone a ser acusado de estar incurso en cualquier tipo de delito, como instigación al odio, promoción de alteración del orden público, saboteo o cualquier otra cosa, y, sin prueba alguna, experimentar persecución, allanamiento de su residencia u oficina, detención, situaciones éstas que se han multiplicado en diferentes regiones del país en el curso de los últimos años.
Defender los Derechos Humanos implica amenazas y riesgos. Así queda comprobado en los 490 hechos del año 2023 y en lo que corresponde al 2024. El Centro para los Defensores y la Justicia ha documentado una tras otra situaciones en las que ha habido campaña de desprestigio, de estigmatización y hasta de citaciones a comparecer ante organismos de seguridad, como el más reciente, el del director de Provea, citado por el CICPC por un tuit que esa organización publicó sobre el caso de un defensor de Derechos Humanos que apareció muerto en Apure.
¿Qué nos puede decir en relación a las detenciones del educador y abogado Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, por haber denunciado a un ex alto funcionario del Ejecutivo Nacional retratado con tres cabecillas del ELN colombiano y por cuya denuncia fue apresado en Coro, así como la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, cuando ella iba a abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía?
Ambas personalidades son defensoras de los Derechos Humanos. La detención y encarcelamiento de la doctora Rocío San Miguel ocurrió el 9 de febrero de este año y hasta ahora no se le ha abierto un proceso judicial. Lo que ha habido es retardo procesal. El Ministerio Público no tiene pruebas consistentes que la incriminen en los hechos que se le acusan (conspiración, traición a la patria y otros), pero lo que muestran son mapas que ha utilizado la doctora San Miguel, experta en seguridad y defensa de la nación, en sus clases en distintos institutos universitarios. Su detención es arbitraria, la mantuvieron oculta varios días y como ya mencioné no hay pruebas que la incriminen como pretenden hacerlo.
En cuanto al doctor Tarazona, detenido el 2 de julio de 2021, lleva ya 1.227 días detenido y por tercera vez el juicio se ha reiniciado, lo que constituye una clara violación del debido proceso. Tengo entendido que de acuerdo a las leyes penales venezolanas, después que una persona ha estado tres años en prisión sin haber sido juzgado, automáticamente, tiene que ser dejado en libertad. Hay un detalle adicional y es que no sólo son afectadas las personas defensoras de los Derechos Humanos, sino que también sus familiares son objeto de persecución como ha ocurrido con la doctora San Miguel y el doctor Tarazona.
En definitiva, ser persona defensora de los Derechos Humanos es una responsabilidad muy importante porque se defienden los derechos de los ciudadanos y su libertad, pero se corren los más grandes riesgos de persecución, allanamientos, detenciones y encarcelamientos interminables.
