Este 10 de diciembre, el mundo conmemora el 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras Venezuela se sumerge en una profunda situación que ha debilitado el cumplimiento de los derechos civiles y políticos de la población. Un contexto crítico marcada por la violación sistemática de los derechos fundamentales.
El abogado y ex parlamentario Rafael Narváez, declaró que en Venezuela no hay «nada que celebrar, por estar en presencia de un Estado convertido en una fábrica de víctimas de violación DDHH y Crímenes de lesa humanidad».
Narváez, citó como ejemplos los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2017, actualmente bajo investigación por la Corte Penal Internacional, y la represión de las protestas postelectorales de 2024. Durante estas manifestaciones, se registró una «cifra nunca antes vista en la región, de 2500 detenidos«.
Dentro de esta cifra se incluyen 69 niños y adolescentes que también han sido víctimas de estos «tratos crueles e inhumanos», así lo sentenció Narváez. Muchos de ellos reciben imputaciones desde una computadora, en una modalidad que el abogado nombra como «dirigidas por jueces sin rostro», bajo el delito de terrorismo sin un debido proceso judicial.
Este sistema quebranta todo derecho a la defensa privada del individuo y a la presunción de inocencia. Por otra parte, han sido contabilizados «25 fallecidos que aún siguen impunes».
Condiciones inhumanas
El ex parlamentario denunció además la existencia de presos políticos, entre los que se encuentran dirigentes políticos, periodistas y adolescentes, quienes son sometidos a condiciones inhumanas de reclusión y privados de sus derechos más básicos.
Narváez, insistió en «una medida presidencial que conduzca a una navidad sin presos políticos e intentar reparar el daño irreparable». El defensor DDHH y abogado penalista destacó que dentro de los 1905 detenidos que aún quedan en los centros de reclusión, se encuentran dirigentes políticos, 23 periodistas y adolescentes con discapacidad sin el derecho a la visita de sus familiares.
Narváez concluyó su intervención condenando los actos del gobierno venezolano en movilizar a la población detenida sin el conocimiento o notificación a los familiares, quienes al estar en esta situación no cuentan con una condición económica que les permita «viajar e intentar saber del paradero de sus hijos».
