Los venezolanos enfrentamos diariamente una cruda realidad marcada por una economía devastada, una inflación galopante, servicios básicos colapsados, y escuelas y hospitales que se encuentran en estado crítico. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2023 evidencia, de forma bastante clara, esta problemática al señalar que 89% de los hogares sufre de inseguridad alimentaria, mientras que la mitad de ellos no recibe ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos, situándolos en condiciones de pobreza extrema.
En medio de este panorama desolador, el país necesita soluciones que se enmarquen en la Constitución y respondan a las demandas de una población agobiada. Millones de ciudadanos esperan con urgencia políticas que ofrezcan una verdadera oportunidad de mejorar su calidad de vida. Así, la recién aprobada “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, genera preocupación entre quienes aspiramos a una Venezuela democrática, por las profundas implicaciones políticas, económicas y sociales que conlleva.
Aunque esta ley se presenta como una herramienta para defender la soberanía nacional, sus disposiciones parecen orientadas a consolidar un poder absoluto, restringiendo derechos fundamentales y perpetuando las dinámicas que han profundizado la crisis. Definiciones ambiguas abren la puerta a una interpretación discrecional que podría criminalizar cualquier forma de crítica o protesta contraria al Status Quo.
Este tipo de medidas limita la libertad de expresión y pone en peligro a quienes intentamos construir un futuro diferente para el país. Con penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones políticas que se extienden hasta 60 años, se amenaza entonces la débil institucional restante del Estado.
Además de su impacto político, las implicaciones económicas son igual de alarmantes. La posibilidad de sanciones a empresas disidentes y las restricciones al sector privado, amenazan con profundizar la paralización económica en nuestro país que ya ha sido golpeado por una crisis que ha forzado a casi 8 millones a migrar en busca de mejores oportunidades. La fuga de talento sigue erosionando las capacidades del país para su eventual recuperación. Sin mano de obra calificada, ninguna nación puede salir adelante.
Lejos de ser una solución, esta ley parece ser más combustible en el fuego de la crisis nacional, ahondando las divisiones y consolidando un sistema que margina a quienes piensan diferente. Urge que las leyes sean herramientas para unir y construir, no para dividir y perpetuar el conflicto. Venezuela necesita soluciones que partan del respeto mutuo, el diálogo y la inclusión. Solo mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de garantías reales para la participación política será posible hallar una salida a la crisis que enfrentamos.
El camino hacia un futuro mejor requiere políticas que prioricen el bienestar colectivo sobre cualquier agenda particular. Es momento de buscar consenso y trabajar juntos por un país donde todos puedan prosperar, sin miedo y con igualdad de oportunidades.
Stalin González
