El Comité de Derechos Humanos de la ONU notificó a la administración de Nicolás Maduro sobre la apertura de una investigación desarrollada dentro del marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A través de un comunicado circulado este martes 3 de diciembre, el organismo internacional informó que dictó medidas provisionales urgentes, exigiendo a Venezuela que conserve todos los materiales electorales clave, como actas de escrutinio, documentos de totalización y hojas complementarias, mientras se investiga el caso. Este material será utilizado para corroborar las versiones de ambos candidatos, bajo la revisión de investigadores internacionales en materia electoral.
En el documento, el Comité de Derechos Humanos señaló que los derechos humanos de los venezolanos han sido violados por el fraude electoral.
«Es muy importante, por tratarse de un caso pionero en donde se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025″, reza parte del documento.
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Venezuela?
La denuncia presentada por la firma de abogados IHR Legal, ante la ONU alega que Venezuela cometió múltiples violaciones a derechos humanos fundamentales durante estas elecciones:
- Fraude electoral masivo: Se declararon resultados falsos que distorsionaron gravemente la voluntad popular.
- Falta de transparencia: Las autoridades no publicaron documentos esenciales como el Acta de Totalización y las actas de escrutinio.
- Restricción al voto en el exterior: Se impidió injustamente que millones de venezolanos en el extranjero ejercieran su derecho al voto.
- Obstrucción al control ciudadano: Al negar el acceso a los materiales electorales, se violó el derecho de los ciudadanos a supervisar la legitimidad del proceso.
- Supresión de acceso a la justicia: La sentencia 031 de 2024 del Tribunal Supremo bloqueó cualquier posibilidad de impugnar los resultados o de acceder a un recurso judicial efectivo.
Esta denuncia internacional fue presentada al Comité de Derechos Humanos por Ignacio Javier Álvarez Martínez (exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Antonia Urrejola Noguera (expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Carlos Vicente de Roux (exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); José Antonio Guevara (expresidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria) y Paulo Abrão (exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), miembros de la firma IHR LEGAL.
