Argentina denunció este martes, en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, que se celebra en La Haya, el «asedio» contra su embajada en Caracas y pidió «determinación» de la Corte Penal Internacional (CPI) para actuar ante la situación de derechos humanos en Venezuela.
«La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía», expresó el embajador argentino, Mario Javier Oyarzábal.
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El diplomático dijo que «tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional», dijo.
De igual forma, el representante argentino denunció: «Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentra en peligro. Actualmente la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados», agregó.
Por último, el embajador argentino, Mario Javier Oyarzábal, advirtió que «la impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional».
