Nicolás Maduro firmó este viernes la Ley Orgánica Simón Bolívar, una normativa que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 28 de noviembre y que contempla severas sanciones contra aquellos individuos o instituciones que apoyen las sanciones internacionales impuestas al Gobierno venezolano.
La ley, conocida formalmente como «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela», establece penas de prisión de entre 25 y 30 años, así como multas millonarias de hasta un millón de euros.
Durante la firma de la normativa, Maduro expresó: «Habrá justicia, y no nacimos el día de los chantajeables, una ley para defender venceremos el día de los chantajeables, de los cobardes, al fascismo se le derrota con la justicia, con la ley, con la verdad y con la fuerza del pueblo». Con estas palabras, el líder del chavismo venezolano reforzó su postura de confrontación con las sanciones extranjeras que considera un obstáculo para el desarrollo del país.
La ley contempla que aquellos involucrados en la promoción o respaldo de sanciones internacionales contra Venezuela serán sometidos a severas penalidades, que incluyen hasta 30 años de cárcel y una inhabilitación política que puede durar hasta 60 años, lo que les impediría postularse a cargos públicos o participar en elecciones. Además, los acusados podrán ser juzgados en ausencia si se niegan a presentarse en juicio y enfrentarse a las autoridades.
Una de las características más destacadas de la normativa es la ampliación de las penas a aquellos que promuevan o participen en acciones que amenacen la soberanía de Venezuela, como «acciones armadas», «ataques cibernéticos» o incluso la difusión de mensajes que respalden sanciones contra el país. Esta última disposición también afecta a los medios de comunicación, los cuales podrán ser multados y, en casos extremos, expulsados del espectro radioeléctrico si se demuestra que han difundido contenido relacionado con el apoyo a las sanciones internacionales.
El marco legal, que entra en vigor con la firma de Maduro, también busca frenar el desconocimiento de los poderes públicos y las autoridades legítimas del país. En este contexto, la ley sanciona a aquellos que reconozcan a figuras o entidades que se auto-proclamen representantes del poder público, pero que no cuenten con el respaldo oficial del Gobierno venezolano.
