La Corte Penal Internacional emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa y funcionarios de Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino.
La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamás han sido asesinados en el conflicto.
Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de órdenes de arresto del fiscal de la CPI, Karim Khan, como vergonzosa y antisemita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al fiscal y expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamás. Hamás también criticó la petición.
“El tribunal consideró que existen motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencional y conscientemente a la población civil en Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluyendo alimentos, agua y medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de emitir órdenes de detención para Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en septiembre que había presentado dos informes legales desafiando la jurisdicción de la CPI y argumentando que la corte no proporcionó a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.
“Ninguna otra democracia con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera perjudicial por el fiscal”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. Afirmó que Israel permanece “firme en su compromiso con el Estado de derecho y la justicia” y continuará protegiendo a sus ciudadanos contra el militante.
La CPI es un tribunal de última instancia que sólo procesa casos cuando las autoridades de aplicación de la ley nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro de la corte. El país ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado, dicen los grupos de derechos.
A pesar de las órdenes, es poco probable que los sospechosos enfrenten pronto a los jueces en La Haya. La propia corte no tiene policía para hacer cumplir las órdenes, y en su lugar depende de la cooperación de sus estados miembros.
