La crítica situación de la población rural no ha sido atendida por el Estado venezolano, no obstante que éste tiene la obligación constitucional de promover las condiciones para su desarrollo integral con el propósito de generar empleo y garantizar un adecuado bienestar así como su incorporación al progreso nacional.
La declaración es hecha en la redacción de El Impulso por Simón Yustiz, dirigente de Encuentro Ciudadano y exparlamentario, quien durante cinco años fue miembro de la Comisión de Agricultura del extinto Congreso de la República, además de haber sido dirigente nacional de la Federación Campesina de Venezuela.
Al referirse a las precarias condiciones en que han quedado innumerables familias campesinas a consecuencia de las pérdidas de cosechas ocasionadas por las lluvias que, en el curso de las últimas semanas se han desatado en el país, también habló de los principales problemas que afectan a quienes viven en el medio rural.
Nosotros, los dirigentes de las organizaciones políticas que hemos estado siempre al servicio de los campesinos venezolanos, y en particular de los larenses, observamos la apatía del Estado venezolano en aspectos fundamentales, que enumero a continuación:
Primero, la tenencia de la tierra: Aunque se aprobó la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, y se comenzó a implementar lo que se conoció como las cartas agrarias, su propósito quedó en el limbo. No se hizo el catastro de las tierras agrícolas, tampoco el estudio sobre la producción por rubros, ni mucho menos se dio curso al derecho a la propiedad de la tierra.
La Ley de Tierras no garantiza ese derecho, sino que establece una especie de arriendo. Ese aspecto hay que modificarlo, aclararlo o definirlo muy bien, porque la anterior Ley de Reforma Agraria establecía que transcurrido un año de haber los campesinos ocupados tierras de vocación agrícola y puestas a producir, el Estado estaba obligado a adquirir esas tierras si eran privadas o desinfectarlas si eran de la nación. Ahora, no. O sea que no se les garantiza la tierra a los campesinos y éstos no tienen derecho alguno de usufructuarlas. En otras palabras, la población rural ha perdido espacio, no obstante poner al sol su espalda, durante todo el año, para aportar el 27 por ciento de la producción agrícola nacional.
El otro porcentaje es aportado por los productores de alto nivel. Denunció que los artículos 305 y 306 de la vigente Constitución, referidos expresamente al campesinado, han quedado en letra muerta y, por esa razón, consideramos que es hora ya de darle la importancia que tienen los pequeños productores del campo porque, debido a la crítica situación económica del país, ellos son una población muy trabajadora, honesta y apegada a la tierra, que no puede ser arrastrada por el penoso éxodo que se ha llevado legalmente a màs de ocho millones de venezolanos a otros países, donde están contribuyendo al fortalecimiento de sus economía cuando en condiciones diferentes lo habrían hecho por Venezuela. El planteamiento lo hacemos porque realmente esos campesinos forman parte del 91 por ciento de los venezolanos que este año, según Bread for the Word, viven en nuestro país padeciendo pobreza Y lo más triste es que según la Organización de Naciones Unidas, el 53 por ciento de nuestra población total se encuentra en pobreza extrema.
Segundo, falta de estímulos para producir: Si bien es muy grande la voluntad y mucho mayor el empeño que demuestran nuestros campesinos por trabajar la tierra, no tienen de parte del Estado ningún apoyo para hacerlo. El 4 de agosto de 2010 fue un día aciago para los agricultores venezolanos porque en esa fecha, Hugo Chávez, sin pensarlo, expropió la empresa Agroisleña, que desde hacía más de 60 años se había convertido en la principal aliada de nuestra agricultura, ya que no sólo suministraba el 70 por ciento de los insumos a través de sus 60 sucursales, sino que proporcionaba asistencia crediticia y enviaba los técnicos a los campos para asesorar directamente a los campesinos en la producción de sus diferentes rubros. Y como ni Chávez ni Nicolás Maduro se preocuparon por pagar esa expropiación, ya el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, el famoso CIADI, ha condenado a la república a pagar más de 1.600 millones de dólares por los daños causados y otros mil millones de dólares por los gastos de defensa; pero, lo peor es que el gobierno dejó a los pequeños productores venezolanos desistidos totalmente porque el parapeto que montó Chávez, la Agropatria, fue otro desaguadero de recursos que nunca llegaron al campo.
No existe el financiamiento de Agroisleña, pero tampoco hay un banco destinado a financiar la agricultura y mucho menos funciona, como en Colombia para no ir tan lejos, un seguro que proteja a los agricultores cuando éstos pierden sus cosechas por cualquier tipo de desastre, como ha ocurrido ahora con las fuertes lluvias. Aparte de Agroisleña, en el país había 2200 pequeñas empresas que se dedicaban a la distribución y venta de insumos agrícolas; es decir, semillas, pesticidas, insecticidas, abono y todo lo demás necesario. Ahora, de acuerdo con un estudio hecho por asociaciones de productores, quedan menos de cincuenta de ese tipo de empresas, que, por supuesto, proporcionan menos suministros y, por consiguiente, a los productores, en especial a los pequeños productores, se les hace difícil adquirirlos por los altos costos que tienen esos insumos y, en consecuencia, disminuye la producción de alimentos.
Tercero, dificultades ocasionadas por el Estado: En el campo se ha hecho rutinario el viejo refrán de que el Estado venezolano no lava, ni presta la batea. Porque no sólo acabó con Agroisleña, sino que una vez desaparecida la Agropatria, los campesinos quedaron abandonados a su suerte. Como no existe una política hacia el medio rural, los campesinos dejaron de tener la oportunidad que la legendaria Malariología, que se ocupaba del saneamiento ambiental y daba apoyo para la construcción de viviendas rurales, sea lamentada todos los días, pues, las familias tienen que vivir en ranchos insalubres y, por supuesto, utilizando letrinas cuando pueden hacerlas, expuestos adultos y menores a contraer todo tipo de enfermedades. Las vías de penetración agrícola han desaparecido en muchos lugares y los agricultores tienen que recurrir, como hace unos cien años, a las recuas de burros y mulas para sacar sus productos a los pueblos y de éstos se encargan los camioneros a trasladarlos a las ciudades. Como no existen disposiciones oficiales sobre una red de comercialización, al productor se le paga a bajo precio todo lo que suministra a quienes han tomado el control del comercio. Y para colmo de males, no hay combustibles para el funcionamiento de los sistemas de riego, ni para los tractores de quienes los alquilan porque es muy difícil que un agricultor pueda comprar ese tipo de vehículo de trabajo. Tampoco hay gasolina para movilizar los vehículos en los campos.
Cuarto, falta de servicios: Además que no hay combustible para poder trabajar en el campo, los campesinos no cuentan con los elementales servicios de salud y educación para sus hijos. Los dispensarios o los llamados CDI no tienen los profesionales necesarios, ni mucho menos los insumos para los enfermos. Han aparecido enfermedades que estaban extinguidas y para colmo de males, no hay suero antiofídico, motivo por el cual los mordidos de serpientes corren el riesgo de morir en cuestión de horas, ya que las culebras siguen reproduciéndose graciosamente; pero, no existen los antídotos para sus víctimas cuando éstas trabajan en los sembradíos y en un descuido son sorprendidos por esos animales. Es una verdadera calamidad la que sufren nuestros campesinos. Y en cuanto a las escuelas para la preparación de los niños y jóvenes, como se decía antes, brillan por su ausencia. Y es por eso que tenemos cada vez mayor número de analfabetas cuando la lógica indica que las nuevas generaciones debieran estar bien preparadas para hacer de la agricultura una actividad rentable, generadora de bienestar para las familias y de mayor efectividad para el país.
Quinto, tecnología desconocida: La revolución que requiere Venezuela y sobre todo el medio rural no es política sino tecnológica, sencillamente, porque durante los últimos veinticinco años hemos retrocedido más de un siglo y vuelto a la vida que llevaban nuestro tatarabuelos, pues, como ya señalé ya no entran al campo los camiones, sino que salen de los sembradíos los burros y las mulas cargadas con sacos a ambos lados de sus lomos. En las últimas tres décadas, la agricultura ha tenido en el mundo un avance muy importante porque ya se ha abandonado la agricultura tradicional por considerarse obsoleta y el mundo rural ha entrado en la tecnología avanzada con nuevas herramientas para el trabajo. Es así que la inteligencia artificial está cumpliendo un papel muy significativo para que la labor del agricultor sea más cómoda y eficiente. Se están utilizando equipos, tractores, sistemas de seguimiento por GPS, servicios y sistemas de dirección automatizada, ordenadores, satélites y el monitoreo de los cultivos. Ya no se siembra a la buena de Dios. Naciones que se dedican a la agricultura están impulsando la actividad en la forma más avanzada. Y, por supuesto, los jóvenes tienen que ser preparados, adiestrados, informados, para que se tenga una agricultura que produzca alimentos sanos y nutritivos. Esa es la revolución que necesitamos. Nos complace saber que ya han llegado a Portuguesa los primeros tractores cosechadores para la caña de azúcar, pero esa iniciativa que ha partido del sector privado debe ser tomada en cuenta por el Estado, sobre todo porque Venezuela ya no puede seguir viviendo del petróleo porque la principal gallina de los huevos de oro, Pdvsa, ha sido prácticamente destruida. Y esa es la razón primera de que no tengamos combustible en las ciudades y mucho menos en el campo. De modo, pues, que nuestro país que vivió tradicionalmente de la agricultura, primero con el cacao, el café y las pieles de ganado, las plumas de aves, para no ahondar más allá de la economía rural, tiene ahora la posibilidad por lo menos de producir los alimentos que necesita y no seguir importando o permitiendo, como ocurre en este instante, el contrabando de rubros agrícolas que pasan con facilidad, sin control alguno, y en cantidad innumerable, por nuestras fronteras.
Sexto, la destrucción del ambiente: El retroceso que ha tenido Venezuela en la agricultura también lo ha tenido en la política porque la mal llamada revolución bolivariana se sustenta en la violencia, que parecía haber sido erradicado por la mal denominada cuarta república, en la cual se promovía el debate y no el mazo para aplastar, ofender, descalificar y someter al escarnio público, a través de la televisión estatal y por cadenas radioteleviadas, a quienes disienten de las políticas oficiales. Ese retraso al estilo cavernario de Trucutú, personaje retrógrado, también ha incidido en que no haya políticas pertinentes para el campo y el medio ambiente. La quema y la tala están acabando con la cubierta vegetal, que no sólo permite el hábitat sino que desempeña un papel muy importante en la salud y estabilidad de los suelos. Sólo mediante la incorporación de las nuevas tecnologías en el medio rural se podrá acabar con la quema y la tala, ya que no existe conciencia sobre el daño que causan esas prácticas tanto entre las autoridades, a las cuales nada interesan las denuncias que se hacen a diario, como entre la misma población. De modo que los dirigentes políticos, quienes pensamos en nuestros campesinos y la mejor forma de vida para ellos, estamos planteando una forma diferente de llevar a cabo la agricultura, modernizando su desarrollo, mediante la mecanización y la tecnología de avanzada, para transformar el medio rural de Venezuela y hacer de nuestro país un importante productor agrícola en la región latinoamericana porque todavía tiene un gran potencial en sus tierras y cuenta con lo más indispensable, su gente, que como ya apunté antes, es trabajadora, honesta, persistente y dedicada al trabajo más arduo porque no tiene días de fiestas, pues, la labor agrícola es de todo el año.
