Después del 28 de julio se han agudizado la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, tanto en cantidad como en profundidad, declaró el profesor Nelson Fréitez, docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y vocero de la Red Larense de Defensores de Derechos Humanos, en relación con la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina, quien se encontraba bajo detención arbitraria y su estado de salud se agravó por no habérsele dado la asistencia médica oportuna.
Martínez Medina fue encarcelado por haber trabajado en el proceso de las elecciones presidenciales en una escuela de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, según denuncia de sus familiares y de dirigentes de su partido Vente Venezuela.
Al ser consultado el conocido defensor de los Derechos Humanos por El Impulso, no sólo condenó la muerte del mencionado ciudadano sino que consideró como un hecho sumamente grave la ratificación del período de gestión al actual Defensor del Pueblo, porque la ley establece que sólo debe ser ejercido por una sola vez y con duración de siete años.
En Venezuela carecemos de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que son órganos sin independencia y que actúan en correspondencia con los dictados del Poder Ejecutivo y el partido de gobierno. No hay, en consecuencia, ningún órgano que vele por los derechos de las personas detenidas, afirma.
Hay una cantidad de pronunciamientos por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de cómo se le violan los derechos a las personas detenidas, incluso a los detenidos por razones políticas.
La muerte de una persona por la falta de atención a sus padecimientos ocurrida el jueves de esta semana viene a corroborar una situación que es reiterada en Venezuela: A las personas encarceladas no sólo se las desatiende en cuanto a sus necesidades médicas y de tratamiento, sino que las condiciones de reclusión en cuanto a los servicios más elementales que requieren, se les niegan.
Se dan casos de que los jueces dictan medidas de protección e inclusive ordenan que los detenidos ameriten tratamientos y sean evaluados en centros de salud, al extremo que requieren hospitalización; pero, las autoridades encargadas de la custodia, en vez de atender tales requerimientos, los dejan sin efecto.
Esta situación, que ha sido denunciada por familiares y conocen las instancias internacionales de defensa de los Derechos Humanos, evidencia que las condiciones en que se encuentran los detenidos por diferentes causas son de alta vulnerabilidad y violación de sus derechos al punto que ya son muchas las personas que han fallecido estando sometidas a la custodia del Estado venezolano.
Cuando se le preguntó si muertes como la de Martínez Medina pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad, el profesor Nelson Freites respondió que cuando ciudadanos detenidos arbitrariamente y no son sometidos a juicio bajo el debido proceso, constituyen una violación grave y la muerte en reclusión, por falta de atención médica, se convierte en un crimen de lesa humanidad.
En estos momentos alguna organización debe estar documentado el caso para ser enviado tanto a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas como a otras instancias que abogan por los Derechos Humanos.
