Macario González: Peor queda el que niega los derechos constitucionales a quienes podemos ejercerlos #12Nov

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Como la Asamblea Nacional pretende modificar, corregir o reformar las leyes electorales, es oportuno precisar que el problema de Venezuela no es de déficit de leyes, sino que no existe voluntad en el acatamiento a la Constitución y a las leyes de la república.

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Así lo considera Macario González, abogado, exalcalde de Iribarren, máxima autoridad de la desaparecida Mesa de la Unidad Democrática en Lara y actual miembro de la dirección de Voluntad Popular, con experiencia en materia electoral.

Quienes mandan hoy en Venezuela y por ahora, dice, no creen en normas y así lo dijeron en una oportunidad por boca del constituyente Eliécer Otaiza (alumno de Hugo Chávez en la Academia Militar, stripper, dirigente del oficialismo y quien ocupó varios cargos en el gobierno) y del hoy gobernador del Táchira, Freddy Bernal: La revolución está por encima de todo. Ellos, como dirigentes de esa revolución, se creen sujetos predestinados —no sabemos por cual divinidad— para dirigir los destinos de la república hasta que sus cuerpos aguanten y, por esa forma de pensar, que se pueden llevar Constitución, leyes y normas por delante. Para la opinión pública son elefantes en una cristalería, destruyen todo y nada les importa.

Hoy estamos en una circunstancia en la cual no se necesitan leyes, ya que si se acatan la Constitución y las leyes, estaríamos viviendo una situación muy distinta, ya que seríamos un país, debido a su potencial económico, muy atractivo para los inversionistas nacionales e internacionales, disponer de buenos servicios públicos, haber recuperado la economía y Pdvsa. Se les olvidó a esos tipos de la llamada revolución que en el programa de Hugo Chávez para estos días se estarían produciendo seis millones de barriles diarios de petróleo y no la ínfima cantidad de 700 u 800 mil barriles que, extraoficialmente, se producen porque el gobierno desde hace mucho tiempo no ofrece cifras de nada, sino declaraciones sin fundamento.

En un país donde no se respeta la Constitución, no se respetan leyes, se violan descaradamente los derechos de los ciudadanos, la corrupción es la más grande del mundo como ha quedado demostrado con Pdvsa en la que es de miles y miles de millones de dólares y desapareció la seguridad jurídica y el Estado de Derecho se convirtió en fantasma.

Cuando los personajes oficiales llaman a reformar las leyes, ya sabemos por dónde vienen, indica Macario González, Al ser totalmente rechazados por el pueblo, lo que intentan es asfixiar las pocas libertades que existen en el país. Así como Otaiza y Bernal gritaron a todo pulmón que la revolución está por encima de todo, ahora lo están ratificando cuando dicen que las organizaciones políticas que no reconozcan a Nicolás Maduro no podrá inscribirse en el Registro Electoral y los candidatos que se opongan a Maduro tampoco podrán competir en procesos electorales.

Eso no está en ninguna ley y es probable que eso sea lo que buscan con sus reformas.
Pero, debe quedar claro, no por ahora, sino por razones obvias, la gente sobre los resultados del 28 de julio puede tener la opinión que mejor le parezca, a favor o contra, y eso no amerita ninguna sanción, porque son opiniones propias de los ciudadanos o de las organizaciones políticas. Ni la Constitución ni las leyes dice que quien tenga una diferencia sobre materia electoral, se expone a drásticas sanciones como ser objeto de persecución, detención, encarcelamiento, tortura o tratos inhumanos.

Ahorita está en debate lo ocurrido el 28 de julio, que ellos dicen que ganaron, pero no cuentan los votos y pretende que la gente no opine nada, remata sus declaraciones Macario González. Entonces lo que quieren son leyes para ellos asegurarse de que lo que digan eso es y sin importar la violación a la Constitución. Y mientras tengamos un respiro, podemos aspirar a que haya cambio en la conducción del país y en ese sentido respaldo a Enrique Márquez de estar introduciendo recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, aunque los declara sin lugar. Pero queda ante el pueblo soberano el que niega los derechos constitucionales a quienes podamos ejercerlos.

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